Causa Correo: el concurso, a la espera de que la Corte defina

En lo que representa un triunfo para la familia Macri en el marco de la guerra que desató el regreso del kirchnerismo en la causa "Correo", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidió suspender el concurso preventivo de la exconcesionaria postal hasta tanto la Corte Suprema decida si debe o no intervenir en la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires –como pidió Correo Argentino SA (CASA).

A simple vista, lo que está en juego es quién resolverá las recusaciones presentadas por CASA contra la jueza comercial Marta Cirulli y la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. Pero la cuestión de fondo radica en la legalidad del decreto de quiebra que Cirulli firmó el 5 de julio de 2021 y que aún no está firme, pues de ser admitida la recusación en su contra el mismo devendría en nulo.

El fallo de hoy dividió a la Sala B de la Cámara Comercial. Las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal votaron a favor de suspender el concurso y esperar que la Corte se pronuncie sobre la posible intervención del Tribunal Superior porteño, a pesar de entender que éste no puede erigirse como superior de la Cámara. En tanto, la jueza María Guadalupe Vásquez lo hizo en contra.

Ballerini justificó su voto señalando que si la Corte decidiera darle intervención en el expediente al TSJ como superior de la Cámara Comercial, éste podría decidir de manera diferente a lo resuelto en torno a las recusaciones de Cirulli y Boquín. Y advirtió que seguir con el proceso, cuando la confirmación de la quiebra aún está pendiente de resolución, "podría derivar en una mayor demora futura".

Al plantear su oposición, Vásquez manifestó: "La suspensión de la totalidad del proceso de quiebra –no firme– y de sus incidentes no tiene sustento legal; contradice las normas y principios de la Ley de Concursos y Quiebras, en particular la celeridad de un proceso que data de más de veinte años; y no tiene fundamento en el riesgo cierto de futuras y eventuales nulidades".

Cabe recordar, Vásquez fue impuesta en este tribunal por el oficialismo en agosto del año pasado, a pesar de los cuestionamientos de la oposición, y gracias a una polémica maniobra del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, que aplicó en forma retroactiva la nueva normativa de cupo de género para llevarla del quinto al tercer lugar en la terna de candidatos a ocupar la vacante.

Uzal, en tanto, dijo que “si bien ha sido largamente reconocida la innegable extensión en el tiempo de este controvertido proceso y ello también será, sin duda, una consecuencia, indeseada, de lo que aquí se decida, no es menos cierto, que objetivamente existen sendos conflictos de jurisdicción y competencia pendientes”, que pueden determinar la habilidad de los magistrados que deben intervenir en la causa.

“Más aún si como consecuencia, en una hipótesis de eventual favorabilidad, esos recursos, pudieran llegar a habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJC) para la revisión de decisiones llamadas a proyectarse, en definitiva, sobre la regular solución de las cuestiones de fondo pendientes”, escribió la camarista, sellando la suspensión del concurso.

Correo Argentino SA tiene una deuda de $296 millones con el Estado nacional desde 2001, cuando se presentó en concurso preventivo. Entonces tenía la concesión del servicio postal, la cual le fue rescindida por el gobierno de Néstor Kirchner en noviembre de 2003. Al tomar esa decisión, el Poder Ejecutivo no sólo le quitó el negocio del correo a los Macri sino que confiscó todos los activos de la empresa.

Esto dio origen a un interminable conflicto judicial, que el kirchnerismo convirtió en una herramienta de persecución política contra el expresidente Mauricio Macri y su familia. De hecho, a partir de su retorno al poder en diciembre de 2019, a través de la Procuración del Tesoro y la fiscal Boquín, no sólo reclamó la quiebra de CASA, sino también que la misma se extienda a las demás empresas de la familia Macri.