Causa Correo: piden investigar los llamados de Zannini

SOCMA, el holding controlante de Correo Argentino SA, reclamó al juez federal Sebastián Casanello que se investiguen las comunicaciones el procurador Carlos Zannini, la fiscal Gabriela Boquín, el titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen y la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, desde 2016 hasta ahora por su rol en la causa por la quiebra de la empresa perteneciente a la familia Macri.

La presentación fue realizada el pasado 13 de mayo por Francisco Castex y Luciano Pauls, querellantes en representación de la compañía, y es consecuencia de la resolución dictada la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó reabrir una denuncia de SOCMA contra Zannini, Boquin y Nissen.

Esta causa se inició en 2020, y apuntaba a los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático. En primera instancia, con aval fiscal, el juez Casanello archivó la denuncia por “inexistencia de delito”. Y ese fallo fue confirmado en agosto del año pasado por la Sala II de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, afines al kirchnerismo, y la disidencia de Martín Irurzun. Pero Casación hizo lugar a la apelación de SOCMA y afirmó que hay medidas de prueba pendientes “que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación”.

Para dar impulso a la causa, los querellantes entonces presentaron un escrito ante en el que sostuvieron que es “indispensable que se urja la producción de las siguientes medidas a los efectos de dilucidar la verdad de los hechos”. Así propuso una batería de diligencias, que incluye citar a declarar como testigos al exministro de Justicia macrista, Germán Garavano, y al auditor general Miguel Angel Pichetto, “quienes denunciaron públicamente la persecución política de la es objeto Correo Argentino S.A”.

Uno de los objetivos de la querella es avanzar en el registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, celulares, de trabajo o cualquier otro tipo de la fiscal Gabriela Boquín, el procurador Carlos Zannini, el responsable de la IGJ Ricardo Nissen y la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó. Para la empresa, la ex funcionaria -que fue antecesora de Boquín en la fiscalía de Cámara- “estaría tras los actos” de la representante del Ministerio Público. la Fiscal Boquín”.

Según la presentación, se pidió el análisis desde “un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad”, y “especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A”.Con esa prueba obtenida, la querella reclamó “una pericia informática que analice los mensajes de texto y de Whatsapp, entrantes y salientes, de los dispositivos celulares que usan periódicamente las personas arriba mencionadas en el período mencionado precedentemente”, otra que analice los mails y “un registro de todas las computadoras particulares o de otro tipo de las personas vinculadas con el objeto de verificar si hay proyectos de dictámenes, resoluciones, memoriales o cualquier otro documento que pueda tener relación con las actuaciones en el proceso concursal de Correo Argentino S.A”.

También se reclama que se requiera a la Procuración General de la Nación que informe si existen sumarios iniciados contra la Fiscal Boquín sea por mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de sus funciones, acoso o maltrato o por cualquier otra irregularidad administrativa”. Hubo más diligencias solicitadas por la querella. Se solicitó pedir copias del expediente comercial del Correo para incorporar los dictámenes de Boquin y sobre todo la posición del Estado Nacional en 2001 cuando se fijó verificó a cuánto ascendía el canon y la forma de pagar los intereses con mora, pero también quieren anexar las distintas propuestas de pago hecha por la empresa.

La empresa busca reconstruir cómo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)” hizo el informe que sirvieron a la fiscal Boquin para impugnar la propuesta de acuerdo entre el Estado y la empresa en épocas de Macri. La empresa también quiere sumar las presentaciones de Nissen y que se le pida a la IGJ desde el 2000 hasta ahora para chequear los documentos contables de la firma. “Veremos que nunca se procedió ni lo hizo el imputado Nissen en su anterior gestión en la función como lo hizo ahora, lo cual acreditará su proceder ilegal y la comisión del delito”, sostuvo.

Los querellantes también pidieron llamar a periodistas como Ivan Ruiz y Carlos Pagni y a la contadora Silvina Martínez y a Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino SA, “a fin de que informe al Tribunal sobre los hechos aquí denunciados” y sobre la sospecha de la presunta “manipulación del sistema informático que opera el Poder Judicial de la Nación”.

En otro punto, SOCMA también pidió que “se practique un peritaje contable por intermedio del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” que diga por ejemplo “qué cálculos se emplean habitualmente en la justicia comercial para la actualización de interés”. Para la empresa eso es clave a la hora de discutir los números de Boquin. A criterio de SOCMA, “la producción de estas medidas permitirá demostrar lo denunciado por esta parte e impulsar las actuaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal”.