Internaron a Milagro Sala horas antes de que se defina su regreso a la cárcel y Morales desconfía

La internación de Milagro Sala generó revuelo en Jujuy. La referente de la agrupación Tupac Amaru fue trasladada este lunes de su domicilio de San Salvador hasta un sanatorio de esa ciudad, donde quedó internada por una "trombosis venosa profunda". Sin embargo, por la noche se conoció que la internación se produjo a horas de que la Justicia defina si Sala debe volver a la cárcel.

Esto desató todo tipo de sospechas en el gobierno de Gerardo Morales, donde aseguran que la clínica que resolvió la internación de Sala pertenece a un excandidato a diputado provincial que impulsaba la dirigente social.

Sala debía acudir este martes a las 9 a la junta médica que iba a resolver su situación procesal. El grupo de especialistas que iba a evaluarla estaba conformado por dos médicos, una psiquiatra y una psicóloga. Además iban a concurrir los peritos designados por la acusación y los propuestos por la defensa de la líder de la Tupac: el médico Jorge Rachid, quien responde al Instituto Patria, y el psicólogo Mario Burgos.

"Milagro está internada por un proceso que tiene que ver con una trombosis venosa profunda, según diagnosticaron los médicos que la atendieron", detallaron desde su entorno, en relación a su estado de salud.

Según publicó Télam, la dirigente, que cumple prisión domiciliaria en su casa de San Salvador de Jujuy, había manifestado malestares desde hace dos días y su internación se resolvió tras la realización de una tomografía.

En tanto, la defensa de Milagro Sala informó en las últimas horas que la líder de la Tupac está en terapia intensiva y con custodia policial permanente.

La semana pasada, organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia para denunciar que Morales presiona al Poder Judicial de Jujuy para que Sala "vuelva a la cárcel".

Sala permanece detenida desde el 16 de enero de 2016 y tiene varias condenas en su contra. La más compleja es por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales que desaparecieron. La investigación forma parte de una "megacausa" que investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más.