Escándalo: la UIF no acusó a CFK y los demás imputados en la causa "Vialidad"

La Unidad de Información Financiera (UIF) descartó hoy Cristina Kirchner haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al estado en las obras públicas que entre los años 2003 y 2015 recibió el empresario Lázaro Báez. Así, los abogados del organismo que depende del gobierno nacional pidieron la absolución de la hoy vicepresidenta de la Nación

“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. Y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. 

El abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar el alegato que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández.

La UIF también descartó que CFK haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuales reasignó partidas presupuestarias para las obras de Báez. Según dijo Irachet, "solo revisten carácter de actos de gobierno" y por lo tanto "quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la Justicia".

Así las cosas, la UIF pidió la absolución de la vicepresidenta; de Báez; del exministro de Planificación Federal Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas José López; del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; del exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

No obstante, la UIF sí entendió que incumplieron los deberes de funcionario público Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Se trata de los ex funcionarios de menor rango del juicio.

Para todos ellos, el organismo pidió una pena de un año de prisión y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta.

Lo que se juzga en esta causa, donde Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita, son las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que entre 2003 y 2015 recibieron las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz. Entre ellas, sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas. La UIF descartó que eso haya ocurrido.