Los cuatro detenidos por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad por disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
La orden incluyó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, considerados como "coautores" del intento de homicidio; a Agustina Díaz, amiga de Brenda, y a Nicolás Carrizo, presunto jefe del grupo de los "copitos".
De acuerdo a lo establecido, el primer detenido, Sabag Montiel, quedará alojado en el complejo I de la cárcel de Ezeiza, al igual que Uliarte y Díaz, en tanto que Carrizo fue derivado a la unidad de Marcos Paz.
El oficio de la jueza había sido firmado el 21 de septiembre, y finalmente se concretó este viernes por la tarde.
En el pedido, Capuchetti solicitó "extremar los recaudos necesarios a fin de salvaguardar su integridad psicofísica en razón de las particularidades de los hechos investigados".
Por esa razón, los traslados se dieron en el marco de un fuerte operativo de seguridad que tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio de Tribunales.
El argentino más rico, con una fortuna de USD 10.000 millones, confirmó que delegará el cargo de CEO a fin de año, pero continuará enfocado en la empresa por cinco años más. Además, opinó sobre la "injusticia" de las plataformas asiáticas de bajo costo.
La ex subsecretaria de Capital Humano, electa por La Libertad Avanza, creó el bloque "Alianza Libertad Republicana" junto a dos concejales del PRO, alegando "prácticas y modos de conducción" que dificultaban su labor legislativa.
El Ministerio de Economía abre este miércoles la recepción de ofertas por el título de deuda regido por ley local, con el que busca recaudar USD 1.000 millones para cubrir parte de los vencimientos de enero.
El cronista Adrián Salonia denunció que, tras un largo interrogatorio y retención de documentación, las autoridades migratorias venezolanas le comunicaron la "no admisión" y procedieron a expulsar al grupo sin dar explicaciones. El equipo fue deportado inicialmente a Bolivia.
La Superintendencia de Seguros de la Nación detectó un rojo de casi 13.000 millones de pesos en la aseguradora. El organismo mantuvo la inhibición general de bienes y dio un ultimátum de 30 días para regularizar la situación bajo amenaza de liquidación.
