Un hombre se hizo pasar por De Pedro para intentar hacer negocios

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, radicó hoy una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py por averiguación de delito. Se trata de una presentación para que se investigue quiénes llevaron adelante una maniobra haciéndose pasar por él para realizar algún negocio. El caso cayó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien ahora deberá decidir si la impulsa.

Todo sucedió el pasado 20 de septiembre, cuando el gerente de Asuntos Legales de la empresa Equinor Argentina llamó al Ministerio del Interior para informar que una persona, haciéndose pasar por De Pedro, se comunicó con Guillermo Ramírez, responsable de operaciones de la firma, para solicitarle que tomara contacto con un supuesto proveedor para proyectos offshore.

Extrañados por el llamado de quien decía ser el ministro y solicitaba una gestión en favor de un tercero, la empresa Equinor decidió tomar contacto con el Ministerio a efectos de corroborar si había realizado el llamado en cuestión. De Pedro le avisó que él no había llamado nunca antes y les solicitó que enviaran una nota formal a la cartera detallando lo acontecido a efectos de realizar la pertinente denuncia penal. Esta fue enviada el 3 de octubre.

“Resulta a todas luces evidente la falsedad en el accionar de quien pergeñó esta maniobra, haciéndose pasar por mí, adjudicándose falsamente mi identidad y mi función pública frente a una empresa con el objeto de lograr algún beneficio indebido”, afirmó el ministro en la denuncia, cuya presentación atribuyó a "la gravedad de los hechos narrado".

 El cuadro descripto podría encuadrar en el delito de tráfico de influencias, que castiga a quien por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

La pena fijada es de 1 a 6 años de prisión o reclusión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, como pena accesoria.