El Senado sancionó este jueves una ley para prorrogar por dos años el registro de barrios populares, que incluye además la prohibición de desalojos por diez años, cuestionada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Bullrich quedó desdibujada en el Senado porque el bloque del PRO voto a favor, a excepción de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien se rebeló a sus pares y rechazó todo el temario de la sesión.

"Se habla mucho del plazo, pero es lo que prevé la ley de expropiación para las viviendas de enumeración genérica", le respondió a Bullrich en el recinto Humberto Schiavoni, jefe de la bancada PRO de la Cámara alta.

Se alineó así a Horacio Rodríguez Larreta, quien defendió la ley cuando se aprobó en Diputados a través de la ministra de Desarrollo Social María Migliore.

No obstante, el misionero reclamó que las viviendas se paguen. "Si queremos construir ciudadanía, esa persona tiene que saber que ese terreno lo tiene que pagar", afirmó.

El registro fue creado en 2016 y consiste en el relevamiento de los barrios populares para su declaración de utilidad pública. Ya hay registrados 4400 hasta 2018 y con esta ley se llegará a 5687.

"Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada' no se había registrado. Eran tiempos en los que (el entonces ministro de Economía Axel) Kicillof no medía a los pobres para no estigmatizar y Aníbal Fernández decía que eran menos que en Alemania", ironizó Guadalupe Tagliaferri, del PRO. 

El registro se financiará con un fideicomiso que captará dinero de orígenes diversos (desde préstamos hasta donaciones). Por presión del kirchnerismo, Sergio Massa aceptó aportarle una partida en el Presupuesto 2023.

Durante el debate en Diputados, Juntos por el Cambio exigió dedicar en un 75% a la urbanización y sólo el resto al plan mi pieza, que permite mejoras en cada unidad habitacional. 

"En los últimos años se utilizó la recaudación del impuesto país -que grava compras de dólares- y el de la altas fortunas, que la oposición rechazó y hasta judicializó", reprochó la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Y alertó sobre un aluvión de pedidos de desalojos en barrios populares, de familias que tenían hasta 40 años de residencia. Con la ley sancionada no será posible. 

La sesión fue presenciada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, encargada de hacer el registro. 

"La modificación a esta ley es la posibilidad de seguir construyendo mejores barrios populares donde se garanticen agua potable, red eléctrica y mejoras en las condiciones del hábitat de más de 1 millón de familias que viven en los más de 5687 barrios populares de la Argentina", celebró Tolosa Paz.

"Es muy importante para el Ministerio de Desarrollo social y un paso fundamental para seguir construyendo más dignidad en cada una de las familias y fundamentalmente en las mujeres jefas de hogar", completó.