Convocó a un cese de actividades para el próximo martes en caso de que el tribunal sentencie a la vicepresidenta en la causa Vialidad.
30 de noviembre de 2022
Sección País
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó en las últimas horas a un paro general para el próximo martes 6 de diciembre en el caso de que el Tribunal Oral que lleva el juicio por la denominada causa Obra Pública, decida condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El llamado que hizo el sindicato, bajo la consigna “Les estatales estamos con Cristina”, fue difundido a través de las redes sociales de la organización gremial.
“Si la tocan a Cristina…paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula (Da Silva) en nuestro país. Basta de Lawfare y persecución política”, indicaron en la cuenta de Twitter de ATE Capital.
En su último descargo, la vicepresidenta afirmó ayer que la sentencia “ya está escrita” por el “partido judicial”, durante una exposición de 20 minutos que pronunció a la espera del veredicto del próximo martes.
De la audiencia también participaron las partes, al igual que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de prisión como supuesta jefa de asociación ilícita y defraudación, además de reclamar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
"Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada desde la fiscalía, nada se pudo probar. Esto es un pelotón de fusilamiento”, fueron otras de las frases de la exmandataria.
El dirigente de ATE, Daniel Catalano, escribió en su cuenta de Twitter: “Este martes resolvimos hacer un paro general con movilización por una urgente Reforma Judicial y contra la justicia corrupta, fascista, corporativa, que además de querer prescribir a Cristina tiene a Milagro Sala presa hace siete años”.
En el área de Comunicación del Gobierno aseguran que los medios públicos no son prioridad. Todo esto es circunstancial. La casta se mantiene.
El exsecretario de Derechos Humanos fue oficializado como nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Se trata del abogado Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia y a la petrolera venezolana PDVSA. Su relación con Marcela Pagano y las sospechas de Lilia Lemoine.
El Gobierno oficializó a María Ibarzabal Murphy al frente de la nueva área de la administración pública nacional.
La diputada nacional de La Libertad Avanza sufrió problemas de salud luego que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, frenara su nombramiento como titular de la comisión de Juicio Político.
Está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Horacio Azzolin.
El fallo de la Cámara Laboral cuestiona las razones de necesidad y urgencia invocadas por el gobierno para emitir el decreto.
La empresa Securitas aceptó en la Justicia una serie de pagos indebidos a funcionarios entre 2014 y 2018, aunque se investigan casos desde 2012. El Renaper, AYSA y el SENASA, entre las dependencias mencionadas donde la firma ganó proveer servicios de vigilancia.
El exjefe del bloque del oficialismo en Diputados dijo que la legisladora “fue elegida correctamente”, pero sostuvo que su dimisión a la presidencia de ese cuerpo es la única salida para la tensión que se generó.
El mandatario compartió imágenes de un intento de ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Niñez y Familia.
