Un sector del Gobierno asegura que "es viable" el indulto a Sala

Un sector del Gobierno presiona a Alberto Fernández para que indulte a la dirigente social Milagro Sala, condenada a 13 años de prisión por la causa más conocida como "Pibes Villeros". La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, elevó un informe al Ministerio de Justicia en el que expone la "viabilidad" de la figura jurídica al tratarse de una cuestión federal.

"No caben dudas de que el 'Caso Milagro Sala' es cuestión federal. Esto es así independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores. La cuestión federal está dada por el carácter político de su prisión, que no solo constituye violaciones reglamentarias sino crímenes de Estado", argumentó Carpineti.

A través del escrito presentado, denunció además la "criminalización" de la líder popular por parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y resaltó "la delicada situación de la provincia en materia de violaciones a los derechos humanos, específicamente en función de los procesos de criminalización persecutoria que se denunciaron en los últimos años-, de conjunto con distintos actores institucionales y civiles de nivel nacional y provincial".

"Agotada la vía judicial interna con el reciente fallo de la CSJN que confirma la condena de la conocida causa 'Pibes Villeros'-, sin motivación del Congreso Nacional de dar tratamiento al proyecto de intervención judicial de la provincia de Jujuy, sumado al agravamiento de las condiciones de salud de la condenada Milagro Sala, es menester la urgente decisión presidencial para hacer cesar los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos", expresó la funcionaria a lo largo del documento. 

En la misma línea, amplía: "Las cuestiones excepcionales no cuentan con demasiada jurisprudencia, pero no es posible dar por decaída la necesidad de restablecer la ley en situaciones en las que se reconoce la existencia de presos políticos en la Argentina, lo cual no solo es inadmisible moralmente sino que acarrea consecuencias políticas y económicas para el Estado Argentino".

La funcionaria subrayó el deterioro en la salud de la líder producto de los seis años y tres mees de cárcel común a la espera de una condena firme que padeció. Además, enumeró lo que el oficialismo considera como violaciones en el proceso judicial que vulneran el Estado de Derecho.

"El Congreso puede disponer, a pedido del Ejecutivo en determinadas situaciones, pero centralmente por iniciativa propia, la intervención de la provincia en los términos que señalan los párrafos anteriores", afirmó, y planteó: "El Poder Ejecutivo cuenta con distintas herramientas: desde las que emergen de la gestión y el necesario cabildeo que garantiza la gobernabilidad de un país, hasta las que se vinculan con una mecánica institucional de articulación entre los gobernadores y el Congreso, como la que más arriba se sugirió. Incluso las más directas y personales, como la aplicación del instituto del indulto o de la conmutación de penas".

Asimismo, la funcionaria bajo la órbita del ministro Martín Soria admitió que reparos posibles a la medida, pero contrapuso que "cada titular del ejecutivo puede indultar en el ámbito de 'su nivel' de estado".

"Vemos entonces que el Código Penal de la Nación prevé el indulto en su artículo 68 y que lo hace para todo el país. Vemos que la Constitución de Jujuy legisla el indulto de un modo prácticamente inaplicable: su artículo 19 refiere a condenas a pena de muerte -pena prohibida en la Argentina-, y la reglamentación local, fue pensada por un gobierno militar, para delitos militares", indicó y trasladó así la presión al Presidente, que días atrás argumentó que la Constitución no le permite indultar a Sala.