
Kueider, preso en Paraguay, denunció una operación K por su voto a favor de la Ley Bases
El exsenador dijo que las causas en su contra surgieron tras apoyar al Gobierno y negó haber cobrado coimas.
El Gobierno amplió hoy el pedido para apartar a todos los jueces de la Corte Suprema por “razones de decoro y delicadeza” en la causa de la coparticipacion porteña.
Por qué importa. Esta maniobra –firmada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini– es el preanuncio de un nuevo capítulo de la guerra jurídica con el gobierno porteño, que prepara un recurso para que la Corte haga cumplir al Estado nacional su fallo por el cual debe transferirle todos los días $1100 millones en concepto de coparticipación federal.
Contexto. La última semana del año pasado, Zannini había recusado a los jueces de la Corte porque dijo que con su resolución adelantaron opinión sobre el fallo que deben dictar sobre el juicio de fondo. Ahora, en cambio, amplió ese pedido por los supuestos chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti.
Además. Zannini recordó el pedido de juicio político promovido por el Gobierno contra los jueces de la Corte, habló de la necesidad de mantener la imparcialidad y pidió que no haya siquiera apariencias de falta de objetividad.
El exsenador dijo que las causas en su contra surgieron tras apoyar al Gobierno y negó haber cobrado coimas.
La oposición lo cruzó por entregar tarde el informe de gestión y por dejar cientos de preguntas sin responder.
El politólogo que asesoró a Milei y hoy trabaja para el exsecretario de Comercio K se convirtió en un actor clave del nuevo esquema de la Vicepresidenta. Nerviosismo en Casa Rosada.
La medida será por zonas y horarios, y solo se aplicará si lo solicita cada intendente. Apunta a combatir el accionar de motochorros.
El vocero presidencial justificó los agravios del Presidente a columnistas como Pagni y Fernández Díaz, y negó que use el poder del Estado para intimidar. “No hubo violencia en las palabras”, dijo.