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Tal como pasó en Dolores con el juez federal Alejo Ramos Padilla, el kirchnerismo se prepara para llenar de presentaciones judiciales los tribunales de Comodoro Py por la causa de megaespionaje que involucra a un agente inorgánico, a un camporista y a un diputado cercano a Cristina Kirchner.
En aquella ocasión, todos los condenados por corrupción –los funcionarios coimeros y los empresarios de los Cuadernos– hicieron fila para pasar de victimarios a víctimas con la excusa de los supuestos dichos de Marcelo D´Alessio, el espía que no era agente de la DEA ni de la AFI. CFK contaba con Ramos Padilla para aceptarlos como víctimas de delitos que la Cámara Federal no pudo probar, posiblemente, porque no existían.
Al año siguiente, ya con Mauricio Macri fuera del poder, Cristina Kirchner grabó un video coppolesco en el que salía del despacho del juez Federico Villena asombrada por las pruebas del espionaje macris los Marios Bross y las reminiscencias a la dictadura militar. Pero la espiadura se quedó en un amague orteguiano y el show lo tapó todo. No había estructura piramidal ni vertical de espías sino un par de cuentapropistas más interesados en lavar su imagen ante el santo grial del Instituto Patria.
Ahora, que el espionaje es palpable, la Cámpora eligió el silencio. Pero cuando el kirchnerisimo parece que está por caer derrotado, se prepara para el contragolpe mortal. La oposición suele ningunear las situaciones y se duerme en los laureles cuando se siente triunfador. Es cierto que, como con Ramos Padilla y Villenas, otra vez, cuentan con un juez federal más afin a investigar a Diego Cabot, el periodista estrella de los Cuadernos, que a “Conu” Rodríguez, el funcionario de la AFIP que se guardó su celular cuatro días mientras se borraba su pasado en redes (de hecho lo hizo con “Conurbanos en twitter”).
Habrá que creerles cuando confían en que nada afecta a su electorado. “Tenemos el control absoluto de los resortes del Estado, estamos 4 puntos abajo pero no se nos puede escapar la victoria. Es más, ponele la firma, no se nos escapará”. La garganta profunda se coquetea con las más altas esferas del kirchnerismo incluido su candidato presidencial.
Para los voceros del Frente Renovador, el caso Chocolate, lo que quedó del Insaurralde Gate, la batalla contra la Corte Suprema de Justicia y las escuchas ilegales no le cambiarán el voto a nadie: “El que nos iba a votar no cambia por esos temas que son de la agenda republicana antiperonista”.
Los sótanos de la democracia están más sucios que nunca. La complicidad de Alberto Fernández, el silencio de Sergio Massa y la falta de escrúpulos de Cristina Kirchner, lo hicieron posible.
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Mientras el país debatía si una docena de empanadas cuesta o no $48.000, La Nación reveló que la SIDE planea avanzar sobre periodistas y críticos.
El banco proyecta tres trayectorias cambiarias según el resultado electoral y advierte que, más allá del apoyo de EE.UU., el Gobierno deberá ajustar el régimen para acumular reservas.
Se trata del subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez y el director de la SIA, Alejandro Colombo, quienes viajaron rumbo a Azerbaiyán con el pretexto de participar de un encuentro con representantes de otros servicios de inteligencia. Lago Rodríguez se fue sin valija y volvió con tres.
Jennifer Rochon (Distrito Sur de Nueva York) rechazó el pedido de cuatro fondos para obtener pruebas en EE.UU. y vincular al Estado argentino con los activos de la criptomoneda. En su fallo, advirtió que, según lo aportado, los beneficiarios “podrían ser” del Presidente, su hermana o el impulsor del token.
José Francisco Lago Rodríguez y Alejandro Colombo acompañaron al jefe de la SIDE en la firma de un acuerdo con el FBI. También viajó el titular de la Agencia de Seguridad Nacional. Crece el malestar por los gastos y la parálisis interna.
El candidato a diputado nacional por el Partido Federal le regaló un frasco con “lechuga del diablo” al conductor durante el programa “Hay algo ahí” en Blender. Distanciado del PRO, defendió la legalización del uso personal de cannabis y recordó el caso de Uruguay.