Sobreseyeron a Macri, Garavano y Pepín en causa "Mesa judicial"

El expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos en la causa "Mesa judicial", uno de los ejes discursivos de la hipótesis del lawfare denunciado por el kirchnerismo, por entender que nunca exisitió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que demostraran tal cosa.

El fallo, que fue firmado hace unas semanas por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, estableció una serie de puntos clave: el principal es que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en aquel momento, pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, cuando fueron a declarar, dijeron no haberse sentido afectados por las causas en las que intervenían.

Capuchetti también señaló que “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Y que, por lo tanto, todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.

Asimismo, la resolución advierte que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura no podían ser consideradas como un factor de presión porque desvirtuaría la interpretación sobre los mecanismos para evalular la labor de los jueces.“De lo que no hay dudas es que funcionarios allegados al gobierno de ese entonces efectivamente formalizaron denuncias contra los magistrados. (Pero) las presentaciones por faltas disciplinarias presentadas ante el Consejo de la Magistratura, así como las acciones y decisiones de los consejeros encargados de investigar y resolver estas denuncias, no deberían ser vistas como una amenaza inminente para el funcionamiento adecuado de las instituciones”, enfatizó.

Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. “Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada”, se advirtió. Un peritaje que había impulsado la fiscalía sobre tuits y likes en redes sociales de opositores ya había sido rechazado por la Cámara Federal por entender que se violaba la libertad de expresión.

Así las cosas, Capuchetti concluyó que no existió delito y por eso se sobreseyó por “falta de acción” a Macri, Garavano, Rodríguez Simón, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, y al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques.

El disparador que puso en jaque el futuro de la causa fue un planteo de Garavano. En su presentación, hecha el año pasado, en el gobierno anterior, el exministro de Justicia sostuvo que las pruebas demuestran que nunca existieron las supuestas presiones y que todo se trató de una estrategia para beneficiar a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia.

Según consignó Infobae, la resolución de Capuchetti fue apelada por el fiscal Franco Picardi. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), que durante la presidencia de Cristina Kirchner fue funcionario del Ministerio de Justicia, cuestionó la decisión de hacer lugar al planteo de Garavano como forma de cerrar la causa y señaló que todavía quedaban medidas de prueba en curso.

Si bien la apelación analiza la situación en su conjunto para insistir en la hipótesis delictiva, el dictamen de Picardi apuntó especialmente a la situación de Rodríguez Simón –prófugo de la Justicia, en el marco de otro expediente, el que denunciaron los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la causa Oil Combustibles– y el caso de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.