El cierre de listas reacomodó el tablero político y reavivó tensiones. Mientras el Gabinete busca sostenerse en medio de rumores, el Gobierno endureció su política monetaria para contener al dólar. En paralelo, crece la presión social y política por el escándalo del fentanilo contaminado y la respuesta judicial sigue bajo fuerte cuestionamiento.
Un chico con autismo expuesto por el Presidente, médicos ignorados por denunciar muertes evitables, gobernadores en emergencia por la caja: el patrón se repite. No es torpeza, es selección natural del poder.
El fallo ratifica 22 condenas en la “ruta del dinero K”, incluido Báez con 10 años de prisión. Cristina Kirchner sigue investigada en la causa.
Ascenso y caída del cajero bancario que es el nuevo vecino patagónico recibido con carteles de "bienvenida".
La vicepresidenta hizo mención a las causas judiciales donde el ex presidente salió favorecido y habló de “impunidad” respecto de la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan.
Por dos votos a uno, la Sala II de la Cámara Federal ordenó hacer lugar a la reapertura de la investigación contra la vicepresidenta.
El magistrado advirtió que después de que el fiscal y las querellas se retiraran del caso ya no hay "proceso penal posible" contra la vicepresidenta.
La UIF y la AFIP, querellantes en la causa, coincidieron con el dictamen exculpatorio del fiscal Guillermo Marijuan.
La causa ANDIS acorrala al Gobierno: Spagnuolo apareció con abogado y la Justicia recibió medio centenar de audios, Pagano volvió a agitar la interna y Milei habló de “opereta” en el Alvear. En paralelo, Corrientes cerró su campaña entre incidentes, Caputo denunció “terrorismo económico”, Massa reapareció contra Scioli y la Rural frenó a Pino.
El triunfo de Valdés en Corrientes consolidó a Provincias Unidas y golpeó a La Libertad Avanza, que quedó cuarta pese al operativo de Karina Milei. Mientras tanto, crecen las tensiones por los audios y el caso ANDIS, en la antesala de la elección bonaerense del 7 de septiembre.
La presentación judicial advirtió que se busca influir en la opinión pública y desestabilizar al Ejecutivo antes de las elecciones. La denuncia penal recayó en el Juzgado federal N° 12; en paralelo, la Justicia civil ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios.