Son Alejandro Colombo, titular del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), y Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), quienes empezarán a cobrar un sueldo.
El Presidente acusó al organismo de "beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones" y de impulsar tomas de tierras. A cargo quedó Inés Liendo, una abogada del PRO.
Se trata de Julián Andrés Obaid, designado presidente del ente. También nombró a Ignacio Monsone al frente de la Dirección Nacional de Integración y Tramitación Digital Estatal de la Jefatura de Gabinete.
Tras el reclamo de los laboratorios, el Gobierno optó por flexibilizar la normativa que, en sus inicios, obligaba a los profesionales a indicar drogas genéricas.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Se dispuso que toda la documentación oficial deberá llevar la leyenda correspondiente y se invitó a adherir a los gobiernos provinciales. Los principios y argumentos que se invocaron para concretar esta disposición.
En plena crisis del crédito, la entidad pública financió a dirigentes del oficialismo y legisladores aliados durante la gestión de Daniel Tillard. La nómina de deudores salió a la luz mediante una plataforma web especializada.
Según pudo confirmar Sección País, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia, registra un pasivo cercano a los $400 millones con la banca pública. El caso se suma a la lista de beneficiarios que ya integraban alfiles libertarios y legisladores aliados. Frente al escándalo, la oposición exige en el Congreso investigar las condiciones de los desembolsos.
En un dictamen de 46 páginas presentado ante el juez Ercolini, acusó a la exfiscal de provocar un "desastre" en la escena del hecho y de formar parte de un plan para simular un suicidio.
Una investigación basada en documentos de inteligencia rusa filtradas reveló cómo "La Compañía", heredera del Grupo Wagner, financió artículos en más de 20 medios locales y utilizó perfiles falsos creados con IA. La campaña, que costó más de 600.000 dólares, buscó romper la alianza con Ucrania y fomentar divisiones internas durante 2024.
La presentó el abogado Jorge Monastersky, después de que la SIDE confirmara la existencia de la red en un comunicado. Solicitó rastrear los pagos a medios y periodistas, y evaluar posibles delitos bajo la Ley de Inteligencia.