La ruptura se da luego que el canciller peruano, Javier González-Olaechea, declarara que Lima “no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.
Lo acusan de intromisión en la crisis política que afronta el gobierno de Dina Boluarte.
Se estima que las protestas callejeras en el país sudamericano causaron daños a la infraestructura y pérdidas en la producción por un equivalente a US$1282 millones.
La decisión del Gobierno peruano incluye a otros ocho ciudadanos de nacionalidad boliviana.
Los títulos que dejó este martes 5 de abril.