También le prohibió la salida del país y le trabó un embargo por $ 100 millones. Ayer habían sido procesados los ex directores de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra.
01 de diciembre de 2021
Sección País
El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó al expresidente Mauricio Macri como responsable de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Además, le prohibió la salida del país, le trabó un embargo por $ 100 millones y le fijó como "regla de buena conducta" la imposibilidad de ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal.
Según Bava, está demostrado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a parientes y amigos de los tripulantes del submarino hundido durante el gobierno de Cambiemos y que Macri fue quien los autorizó.
El magistrado dispuso el procesamiento del exmandatario dos semanas después de haber sido ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, tribunal que el 18 de noviembre pasado rechazó la recusación que la defensa de Macri había presentado contra Bava, a quien acusó de ser "parcial".
Según la Cámara, no se acreditó “elemento objetivo alguno que avale” el “temor de parcialidad” que alegó la defensa de Macri; tampoco, la supuesta “dependencia” del juez, quien -según el tribunal- no “prejuzgó”.
Esta causa ya tenía once procesados, incluidos los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Los últimos procesamientos previos al de Macri fueron los de dos exdirectores de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. El juez consideró a ambos partícipes de las acciones de inteligencia prohibidas, y les trabó embargos hasta cubrir la suma de $ 20 millones, pero advirtió que ellos dos no habían sido los responsables máximos de estos hechos.
La causa se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien dijo haber encontrado las pruebas del supuesto espionaje en soportes digitales que estaban en la Delegación Mar del Plata del organismo.
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