El dirigente sindical manifestó que no es el momento de un enfrentamiento electoral por la conducción del PJ. Criticó las últimas medidas del Presidente y adelantó la posibilidad de un próximo paro general.
Política24 de octubre de 2024
Sección País
Pablo Moyano criticó la interna del Partido Justicialista (PJ), que tiene a Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela como principales exponentes a raíz de las próximas elecciones en el partido. El sindicalista señaló que el momento no es el adecuado y que lo más importante es pelear en forma conjunta para frenar las medidas de Javier Milei.
"Una lista de unidad sería mostrarle fortaleza al Gobierno, hoy Milei se nos caga de risa. Estamos viendo si Quintela tiene tres avales más o no. La confrontación es en la calle", manifestó el dirigente de Camioneros en una entrevista con Futurock.
También fue contundente ante el poco apoyo que recibe el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: "El maltrato que le han hecho a Axel Kicillof, con el desgaste que le hace el Gobierno, no le viene bien a nadie. La lista que yo hubiera integrado sería Todos Adentro".
Asimismo, anticipó que no sabe todavía si irá a votar el próximo 17 de noviembre, cuando se decida quién será el nuevo presidente del espacio, a la vez que advirtió que el peronismo no se caracteriza por participar de una interna, sino por "defender al laburante".
"La del PJ es una elección totalmente a destiempo. Yo no veo a los camioneros preguntando cuándo se vota. Una interna como si fuera patria o muerte mientras en el coloquio de IDEA se siguen proponiendo leyes contra los laburantes", comentó el sindicalista.
Al mismo tiempo adelantó la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, en rechazo al veto del Presidente al aumento de los jubilados, el despido de los trabajadores de AFIP y el regreso del impuesto a las Ganancias. Además, argumentó que será importante el paro de transporte del 30 de octubre y que luego se continuará debatiendo una "profundización del plan de lucha", por dentro o fuera de la CGT.
Por último describió que hay diferencias entre los distintos sectores sobre cómo relacionarse con el Gobierno: "Algunos quieren negociar con los empresarios más garcas del país, que están tratando de limitar el derecho a huelga".
El nuevo embajador de Estados Unidos entregó sus cartas en el Salón Blanco y luego se reunió con el Presidente. El gesto llega en la previa del viaje de Milei a Miami para el America Business Forum y la cumbre de la CPAC. Quirno lo había recibido ayer; también hubo contactos con el Departamento de Estado.
Con la “doble firma” del presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, La Libertad Avanza consiguió 21 rúbricas y el despacho de mayoría. PRO, UCR, Producción y Trabajo e Innovación Federal acompañaron en disidencia. UxP reunió 20 firmas y presentó rechazo. Habrá cuatro dictámenes y un trámite que el Gobierno pretende llevar al recinto con el Congreso renovado.
Mientras ordena su salida del Poder Ejecutivo, la ministra Seguridad ya trabaja en su aterrizaje en la Cámara alta: avisó a Ezequiel Atauche que lo reemplazará, sumó a Carmen Álvarez Rivero al bloque y activó gestiones por despacho. La presidencia provisional queda descartada. En el horizonte, una relación fría e institucional con Victoria Villarruel.
La agencia otorgó en uso un piso de unos 761 m² que la universidad destinará a depósito, mantenimiento y patrimonio. La casa de estudios pidió una segunda etapa para sumar el resto del edificio y ofreció devolver otro inmueble.
Tiene casi 10.000 m² y estaba destinado a talleres, que fueron reubicados en el barrio porteño de Barracas. La fuerza deberá custodiarlo hasta su enajenación.
Pese a la salida de Guillermo Francos —su principal sostén en la Casa Rosada—, el "Pichichi" continúa en funciones, viajó a Dubái para la asamblea anual de ONU Turismo y activó gestiones políticas para atravesar la reconfiguración del equipo de Javier Milei. Su área quedó bajo la órbita del flamante ministro del Interior, Diego Santilli.
El interbloque que conduce José Mayans busca abrir la puerta al texto de Diputados, que fija un plazo de 90 días, mientras un sector opositor impulsa insistir con la redacción original del Senado y convertirla en ley.
