Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el recorte de 37.595 empleados públicos generó un ahorro mensual de USD 365 millones. Sturzenegger avanza en la eliminación de más organismos.
Política15 de febrero de 2025
Sección País
El plan motosierra aplicado por el gobierno de Javier Milei permitió un ahorro superior a USD 4.400 millones en 2024, según cálculos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. La reducción del gasto se logró a partir de la baja de más de 37.000 empleados públicos y la eliminación o fusión de distintas dependencias.
Desde la cartera que Milei bautizó como "El coloso", proyectaron que el ajuste implementado en el sector público generó un ahorro mensual de USD 365 millones, consolidando una reducción del 7,5% del personal estatal en el ámbito nacional.
El recorte afectó tanto a la Administración Pública Nacional (APN) como a las empresas estatales. Según el informe del ministerio, la APN redujo su personal en un 10,8%, mientras que en las empresas estatales la baja alcanzó el 13,6%.
El Gobierno ya anticipó que el plan motosierra continuará en 2025, con el objetivo de achicar aún más el Estado.
El ajuste no solo se tradujo en reducción de personal, sino también en la eliminación de distintos tipos de contrataciones. Según los técnicos de la cartera de Sturzenegger, el mayor impacto se observó en los contratos regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) y en los contratos LOYS, es decir, monotributistas bajo el decreto 1109/17.
📌 Datos clave del recorte:
Esta reestructuración generó ahorros a largo plazo de:
✅ USD 2.118 millones en contratos bajo Ley Marco.
✅ USD 1.533 millones en empleados de planta.
✅ USD 761 millones en contratos LOYS.
Además de la reducción de personal, Sturzenegger avanza con la eliminación o reforma de unos 60 organismos públicos, que serán cerrados, fusionados o achicados en los próximos meses.
Con el mayor ajuste en el Estado de los últimos años, el gobierno libertario busca consolidar el superávit fiscal y reducir el peso del gasto público. Sin embargo, el impacto de estos recortes en la estructura del Estado y en la prestación de servicios sigue generando debate.
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