Prepagas: el Gobierno habilitó aumentos diferenciados entre planes

El Ejecutivo publicó un decreto que permite a las empresas de medicina privada aplicar incrementos diferenciados según el plan y la edad de los afiliados.

Economía y negocios17 de febrero de 2025Sección PaísSección País
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El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva modificación en el esquema de regulación de las prepagas, que les permite aplicar aumentos diferenciados en sus planes de salud según las características de cada contrato. Hasta ahora, pese a la desregulación general de precios dispuesta en diciembre de 2023, las entidades debían aumentar en igual porcentaje todos sus planes.

La medida se formalizó a través del Decreto 102/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones. Entre los puntos clave del nuevo esquema, se establece que el valor de los planes para personas mayores no podrá superar el triple del precio que pagan los afiliados más jóvenes y que las empresas no podrán fijar límites de edad para aceptar nuevos socios o mantener afiliaciones.

Luz verde para aumentos diferenciados

El decreto ratifica que las prepagas “podrán establecer libremente los valores de las cuotas” y elimina la restricción que las obligaba a aplicar el mismo porcentaje de aumento a todos sus planes. Ahora, las empresas podrán ajustar sus tarifas según el listado de prestadores, coberturas adicionales al PMO y la edad de los afiliados.

En diciembre de 2023, el Gobierno de Milei había liberado los precios de la medicina privada con el DNU 70, poniendo fin a la obligación de que las subas fueran aprobadas por las autoridades del sector. Sin embargo, dos meses después, a través del decreto reglamentario 171, se estableció que los incrementos debían aplicarse de forma homogénea dentro de cada entidad. Esa norma ahora fue eliminada.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, argumentaron que el esquema previo perjudicaba a los usuarios de planes más económicos, que “terminaban financiando los costos de los más caros”. El nuevo marco busca incentivar la competencia en el sector, permitiendo que cada empresa defina sus estrategias de precios de manera más flexible.

Fin de la triangulación y presión por bajar precios

Otro de los cambios recientes en el sistema de salud privada fue la eliminación de la triangulación de aportes entre prepagas y obras sociales, que regía desde los años 90. Antes, los aportes de los trabajadores no podían ir directamente a una prepaga, sino que debían pasar primero por una obra social con la que tuvieran convenio.

Según datos oficiales, esta intermediación representaba un costo mensual de $30.000 millones, que no se destinaban a prestaciones médicas. Con la nueva norma, ese dinero irá directo a las prepagas, lo que podría reducir el gasto de bolsillo de los afiliados que deben cubrir la diferencia entre el aporte y el valor total de su plan.

Desde el Gobierno aseguraron que la medida debería traducirse en una reducción de las cuotas, pero las empresas privadas insisten en que la reforma no impactará en una baja generalizada de precios, sino en un alivio para algunos afiliados, al recibir mayores fondos de aportes.

Nueva obligación de transparencia en los aumentos

El decreto también ratifica la obligación de las prepagas de informar a los afiliados sobre los aumentos dentro de los cinco días posteriores a la publicación del último IPC (Índice de Precios al Consumidor). Además, se mantiene la regla que impide fijar vencimientos de pago antes de 30 días de la notificación del aumento.

Este esquema ya rige desde diciembre de 2024 y busca garantizar mayor previsibilidad en la facturación del servicio. De hecho, algunas empresas ya definieron sus aumentos de marzo en base a la inflación de enero (2,2%), como es el caso del Hospital Italiano, mientras que otras prepagas planean aplicar subas apenas menores.

Con esta nueva normativa, el Gobierno profundiza su política de desregulación del sistema de salud, aunque el impacto real en la competencia y en el bolsillo de los afiliados sigue siendo incierto. Mientras tanto, el sector privado ajusta su estructura de precios sin un techo regulatorio, en un contexto donde el poder adquisitivo de los argentinos sigue deteriorándose.

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