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La abogada de Davis denuncia falta de avances en la investigación del Criptogate
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El fiscal Taiano ordenó medidas de prueba sobre presuntas estructuras financieras no declaradas en el exterior. La causa incluye propiedades en Miami y posibles vínculos con sociedades en paraísos fiscales.
Política22 de febrero de 2025La Justicia federal avanza en la investigación contra el diputado nacional Cristian Ritondo y su pareja, Romina Aldana Diago, a raíz de la denuncia por la presunta creación de sociedades offshore y estructuras financieras en el exterior no declaradas. El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una serie de medidas de prueba para esclarecer los hechos denunciados.
La causa se inició el 10 de diciembre de 2024, cuando Jeremías Rodríguez presentó una denuncia penal contra Ritondo y Diago por la supuesta adquisición de bienes en el extranjero mediante sociedades comerciales radicadas en paraísos fiscales, ocultando su origen y los fondos utilizados para su compra.
Según el escrito, Diago tendría participación en cuatro sociedades constituidas en jurisdicciones con opacidad fiscal: Sunstar Point Ltd, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC y Goformore LLC, además de un fideicomiso en Florida denominado Warwick Trust.
A través de estas firmas, se habrían adquirido cuatro departamentos en condominios de Miami, específicamente en Midtown Four, Harbour House e Iconbay, por un monto total de 2.600.000 dólares, en operaciones realizadas entre enero de 2013 y julio de 2015.
En cuanto al fideicomiso Warwick Trust, la denuncia sostiene que Diago habría estipulado que, en caso de su fallecimiento o incapacidad, Ritondo asumiría el control de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales serían los dos hijos de la pareja.
Además, el expediente destaca que en las declaraciones juradas de Ritondo desde 2018 hasta 2023 no figura ninguna referencia a estas sociedades ni a las propiedades adquiridas en Miami. Según información de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Legislatura porteña, las declaraciones de los años 2013, 2014 y 2015 ya no están disponibles, ya que superaron el plazo de conservación de cinco años.
Ante este panorama, el fiscal Taiano ordenó una batería de medidas para obtener mayores precisiones sobre los hechos denunciados. Entre ellas, dispuso la consulta de bases de datos de acceso público recomendadas en la Guía de Investigación Financiera del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de obtener información sobre las supuestas sociedades offshore vinculadas a Ritondo y su pareja.
Además, el fiscal solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si ha iniciado alguna investigación vinculada a las denuncias presentadas previamente por Elisa Carrió y Mónica Frade, quienes señalaron posibles maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte del diputado.
El avance de la causa pone en el centro de la escena a Ritondo, una de las figuras más influyentes del PRO, y podría derivar en una citación a indagatoria si las pruebas recopiladas refuerzan la hipótesis de irregularidades en la declaración de su patrimonio.
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