Milei designó a Lijo y García-Mansilla en la Corte por decreto y desafió al Senado

El presidente Javier Milei oficializó la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto en comisión. La decisión se tomó luego de que el Senado, dominado por el peronismo y otros sectores de la oposición, evitara tratar los pliegos durante casi un año, en lo que el Gobierno calificó como una maniobra de obstrucción política.

Un año de trabas en el Senado

El 20 de marzo de 2024, el Ejecutivo envió los pliegos al Senado, iniciando el proceso de designación. El 15 de abril, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la preselección de los candidatos y habilitó el proceso de participación ciudadana.

Las audiencias públicas se realizaron el 21 y 28 de agosto, y ambos postulantes obtuvieron dictamen de comisión. Sin embargo, el Senado nunca llevó los nombramientos al recinto, a pesar de que el Gobierno incluyó el tema en el temario de sesiones extraordinarias.

Desde la Casa Rosada sostienen que el rechazo a tratar los pliegos no se debió a cuestionamientos técnicos, sino a una estrategia política para bloquear al Gobierno. En este punto, el comunicado oficial recuerda que los senadores sí respaldaron las designaciones de jueces impulsadas por Néstor Kirchner y Mauricio Macri, en casos similares.

El recurso del decreto en comisión

Ante el bloqueo legislativo, Milei decidió recurrir a una herramienta prevista en la Constitución Nacional, que le permite al Presidente cubrir vacantes en la Corte Suprema cuando el Senado no sesiona, mediante designaciones en comisión.

Esta facultad ha sido utilizada históricamente por otros presidentes, desde Bartolomé Mitre hasta Carlos Menem y Macri. En el comunicado, el Gobierno argumentó que la Corte no puede seguir funcionando con solo tres ministros, y que la falta de jueces afecta la seguridad jurídica y el acceso a la Justicia.

El decreto establece que Lijo y García-Mansilla ejercerán sus cargos hasta el final del próximo período legislativo, cuando el Senado deberá pronunciarse definitivamente.

Un desafío directo al Congreso

Con esta jugada, Milei forzó una definición del Senado, que ahora deberá decidir si ratifica a los jueces o redobla su enfrentamiento con el Ejecutivo. La oposición ya anticipó que podría judicializar la medida, argumentando que se trata de un avasallamiento institucional.

En el oficialismo, en cambio, sostienen que la responsabilidad de esta situación es de la Cámara Alta, que “eludió su deber constitucional de pronunciarse”.

“El Gobierno Nacional no tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”, concluye el comunicado presidencial, dejando en claro que Milei no piensa dar marcha atrás.

El nombramiento en comisión de los jueces es un nuevo frente de conflicto con el Congreso y podría marcar el inicio de una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.