
El Gobierno encara la semana entre denuncias de corrupción, pulseadas legislativas y presión financiera, mientras Milei se refugia en la campaña.
Reporteros gráficos denunciaron la brutal represión en la marcha de jubilados y anunciaron acciones legales para identificar a los responsables de la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien lucha por su vida tras recibir un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza.
Política13 de marzo de 2025La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), junto a otros organismos de prensa, anunció hoy que iniciará “las acciones correspondientes” para evitar la impunidad en la represión de la marcha de jubilados en el Congreso.
"Dijimos que no queremos otro José Luis Cabezas", advirtieron en conferencia de prensa, en referencia al brutal crimen del reportero gráfico en 1997. Exigieron la renuncia de Patricia Bullrich, a quien acusan de dirigir una política de seguridad represiva e inconstitucional.
El caso que desató el repudio fue el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal.
ARGRA cuestionó duramente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en una entrevista con LN+ aseguró falsamente que Grillo "estaba detenido", cuando en realidad se encontraba en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía.
"Necesitamos saber quién disparó y que Bullrich se vaya. No pueden seguir actuando con total impunidad", reclamaron. También denunciaron que las fuerzas de seguridad no respetan ni siquiera el protocolo antipiquetes elaborado por el propio Gobierno.
ARGRA anunció que impulsará un juicio político contra Bullrich y que llevará el caso a instancias judiciales. Además, señalaron la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por la represión llevada a cabo por la Policía de la Ciudad en la protesta.
"Hace un año y medio venimos pidiendo que no nos lastimen más. A la ministra le encanta que le peguen a la gente", denunciaron. También criticaron la falta de respuesta del Poder Judicial, afirmando que todas las denuncias previas sobre violencia policial "caen en saco roto".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que la represión busca criminalizar la protesta social y limitar la cobertura periodística de las manifestaciones.
"Sin el testimonio de los reporteros gráficos, no hubiéramos sabido la verdad de lo que pasó”, sostuvieron. Por ese motivo, ARGRA insistió en que continuará con las denuncias judiciales y presionará para que la Justicia actúe contra los responsables de la represión.
El Gobierno encara la semana entre denuncias de corrupción, pulseadas legislativas y presión financiera, mientras Milei se refugia en la campaña.
El escándalo de la ANDIS desbordó el Congreso, Milei fue evacuado bajo piedrazos en Lomas y la economía volvió a crujir. El Gobierno responde entre gritos, operaciones y silencios.
La causa ANDIS acorrala al Gobierno: Spagnuolo apareció con abogado y la Justicia recibió medio centenar de audios, Pagano volvió a agitar la interna y Milei habló de “opereta” en el Alvear. En paralelo, Corrientes cerró su campaña entre incidentes, Caputo denunció “terrorismo económico”, Massa reapareció contra Scioli y la Rural frenó a Pino.