La Cámara Federal revocó el archivo del expediente y aceptó como querellante a la Fundación Apolo. Se investigarán hechos ocurridos durante su asilo político en 2019.
Política24 de abril de 2025
Sección País
La Sala I de la Cámara Federal reabrió este jueves la causa contra el expresidente boliviano Evo Morales por presunta trata de personas y abuso de menores durante su estadía como asilado político en Argentina, tras su salida del poder en 2019. La decisión también habilitó a la Fundación Apolo a participar como querellante en el expediente.
El tribunal, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, consideró que el archivo de la causa había sido “prematuro”, y destacó que la denuncia y su ampliación contienen elementos “que justifican ser investigados en profundidad”.
La causa fue impulsada por la Fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro, y denuncia posibles infracciones a los artículos 145 bis y ter del Código Penal. Según el expediente, Morales habría convivido con menores de edad traídas desde Bolivia, que realizaban tareas domésticas y personales, en el marco de un esquema de encubrimiento político.
Uno de los testimonios más relevantes es el de Angélica Ponce, exdirigente boliviana allegada al exmandatario, quien aseguró haber visto a adolescentes cumpliendo funciones “serviles” en territorio argentino, y habló de “niñas ofrecidas como obsequios” para conseguir favores. Ponce declaró en Bolivia, pero nunca fue citada por la Justicia argentina.
“No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”, señaló Santoro tras conocerse el fallo.
En noviembre pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había confirmado que su cartera presentó una denuncia en el mismo sentido. “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante”, escribió en redes, al referirse a los hechos denunciados durante el asilo que el gobierno de Alberto Fernández le otorgó a Morales.
Ese asilo incluyó traslados en el avión presidencial y cobertura de gastos. Esa protección fue revocada por el presidente Javier Milei, quien también impulsó una revisión de los convenios bilaterales con el MAS.
Con esta resolución, la causa vuelve a instrucción, donde la Fundación Apolo podrá proponer nuevas pruebas y diligencias. La reapertura activa un expediente sensible, con implicancias políticas y diplomáticas, que pone bajo la lupa el paso de Evo Morales por Argentina y los límites de la inmunidad en contextos de asilo político.
Germán Martínez negó gestiones para viajar a Roma y apuntó contra quienes “despreciaron en vida al Papa y ahora inventan cosas”. También se pronunciaron Carignano y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.
Fernando Ayala fue detenido en Chaco por entorpecer la causa. Lo filmaron contando fajos de billetes en su casa con ayuda de sus hijos. La red evadió más de $150 millones con organismos provinciales.
Mientras Milei celebra “el mayor ajuste de la historia”, la secretaría del vocero creció en personal y presupuesto. El dato figura en el informe oficial de gestión.
El Presidente lo definió como su “segunda instancia de control político”, a pesar de que no tiene cargo formal ni firma. La oposición exige respuestas y Macri ya expresó su incomodidad.
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