La Cámara Federal rechazó destruir la pericia sobre sus dispositivos y confirmó al juez Ercolini, a quien el ex presidente intentó recusar.
Política22 de mayo de 2025
Sección País
La Cámara Federal porteña ratificó dos decisiones clave contra el ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yañez. En primer lugar, el tribunal rechazó un pedido para destruir el material extraído del celular y la tablet del ex mandatario, secuestrados durante un allanamiento en agosto de 2023. Además, desestimó la recusación presentada contra el juez Julián Ercolini, a cargo de la investigación.
Los camaristas resolvieron que la extracción forense debe conservarse para preservar la trazabilidad de la prueba de cara a un eventual juicio oral. La pericia incluye chats y mensajes intercambiados por Fernández con Yañez y con la madre de ella a través de distintas plataformas como WhatsApp, Telegram y SMS.
El material ya fue extraído y está en análisis. La defensa del ex presidente había solicitado su destrucción inmediata una vez concluido el peritaje, pero la sala II de la Cámara sostuvo que “no corresponde” eliminar evidencia que podría ser usada en otro proceso. De hecho, parte de ese contenido será clave también en la causa Seguros, en la que interviene el juez Sebastián Casanello y que investiga presuntas irregularidades con contratos durante su gestión.
En paralelo, el juez Eduardo Farah rechazó un nuevo intento del ex mandatario por apartar a Ercolini de la causa. Fernández había alegado “enemistad manifiesta”, al considerar que el magistrado tiene una postura sesgada por haber sido investigado durante su gobierno por el viaje a Lago Escondido. La Cámara consideró que el planteo fue “tardío e intempestivo”.
Con estas resoluciones, Fernández queda cada vez más cerca del juicio oral, ya que su procesamiento por lesiones agravadas contra Yañez está firme. La causa se inició por denuncias que la propia ex primera dama ratificó en sede judicial.
El senador bonaerense apuntó contra la ex fiscal Viviana Fein y sostuvo que la preservación del lugar era su responsabilidad.
Ambos organismos pasarán a depender del CIPDH, bajo el argumento de “agilizar la gestión” y reducir cargos. La medida fue oficializada por decreto.
Según Adorni, muchos figuraban como hogares de ingresos bajos. La medida alcanza a usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Gas Natural.
Llaryora, Zamora y Jalil ordenaron a sus legisladores no dar quórum. Los radicales Sadir y Zdero y el macrista Torres también aportaron lo suyo para frenar el tratamiento del aumento a jubilados y el caso Libra.
Incluyeron una reforma laboral encubierta en un DNU sobre la marina mercante. Amplían los servicios “esenciales” y fijan pisos del 50% y 75% de prestación mínima.