Mientras la SIDE se hunde en su propia interna, Milman fogonea una reforma del sistema de inteligencia

El diputado saliente presentó un proyecto para desmantelar el sistema actual, al que tilda de "ineficaz" y propenso al "espionaje interno". La propuesta busca crear agencias especializadas y sujetas a estricto control judicial.

Política25 de noviembre de 2025Camilo CagnacciCamilo Cagnacci
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El diputado nacional Gerardo Milman (PRO), cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre, presentó un proyecto de ley para "redefinir" la estructura de la inteligencia nacional mediante la creación del Sistema Nacional de Inteligencia Integral de la República Argentina (SINIRA). La iniciativa, que busca reemplazar la Ley 25.520, se presenta en un momento de fuerte tensión interna en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Por caso, su titular, Sergio Neiffert, viene resistiendo en el cargo pese a los pedidos de renuncia de su ahora exjefe político, Santiago Caputo. Como reveló Sección País, hoy Neiffert se recuesta en la hermana del presidente, Karina Milei, quien –de acuerdo con el periodista Pedro Lacour– le habría pedido que "aguantara" en el cargo hasta encontrarle un reemplazo, con el fin de bloquear la designación de cualquier otro dirigente cercano al asesor presidencial.

Así las cosas, Milman parece intentar con esta propuesta hacer pie en un territorio donde los cambios parecen tan inminentes como necesarios. Y desterrar también la versión sobre su posible desembarco en el Poder Ejecutivo como titular de la Agencia Nacional de Migraciones que hoy presentó su jefa política, Patricia Bullrich. Cerca del legislador tildan ese rumor como una "opereta del kirchnerismo" para perjudicarlo políticamente.

Los ejes de la reforma y la crisis del sistema actual

Desde el entorno de Milman explicaron a Sección País que la iniciativa responde a la necesidad de crear un "modelo nuevo, más acorde con los estándares internacionales", ya que sin ello "nadie va a poder cumplir adecuadamente la función".

El proyecto, que fue presentado hace algún tiempo, sostiene en sus fundamentos que el sistema de inteligencia vigente ha sido "ineficaz para prevenir amenazas estratégicas" y se ha desviado hacia prácticas de "espionaje interno con fines políticos".

Por ende, plantea que el SINIRA, cuyo objeto sería garantizar la defensa y la seguridad interior, se regirá por los principios de supremacía constitucional y control parlamentario riguroso.

Las cuatro agencias especializadas y la nueva estructura

El nuevo esquema busca ordenar la actividad mediante la creación de cuatro Direcciones Nacionales altamente especializadas, que reemplazarían al esquema actual:

  • Dirección Nacional de Inteligencia Exterior (DNIEX): Dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encargará de información relativa a amenazas y riesgos en el ámbito internacional.
  • Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM): Tendrá la misión de planificar, dirigir y coordinar la actividad de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
  • Dirección Nacional de Inteligencia Criminal Interior (DNICI): Se ocupará de amenazas internas, incluyendo terrorismo, crimen organizado, delitos federales complejos y contrainteligencia. Dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional.
  • Dirección Nacional de Ciberinteligencia (DNCIBER): Será responsable de la protección de infraestructura crítica digital, la ciberseguridad y la inteligencia de señales.

Además, el texto incorpora formalmente la Unidad de Información Financiera (UIF) al sistema, con autonomía técnica, con el objetivo de detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Control democrático y fuertes sanciones

Para evitar el "espionaje interno con fines políticos", la iniciativa de Milman exige que toda actividad que afecte derechos ciudadanos deberá realizarse bajo estricto control judicial.

Y también crea un régimen de sanciones específico para agentes de inteligencia, tipificando como delitos graves:

  • Espionaje interno ilegal: Con penas de prisión de tres (3) a diez (10) años, si se realiza sobre partidos políticos, organizaciones sociales, periodistas o personas por motivos ideológicos.
  • Espionaje contra autoridades: Con prisión de cinco (5) a quince (15) años, si se realiza contra autoridades constitucionales, jueces o candidatos.
  • Interceptaciones ilegales: Con prisión de tres (3) a diez (10) años si se realizan sin orden judicial.

Finalmente, el proyecto busca la profesionalización del personal mediante la creación del Instituto Nacional de Inteligencia (INI), un organismo rector en materia de formación y capacitación que unificará criterios doctrinarios.

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