
La titular del PJ reunió a la conducción partidaria para advertir que separar las elecciones provinciales “le quita fuerza al proyecto nacional”.
Una directiva secreta firmada en enero por Diego Kravetz pidió monitorear a periodistas, economistas y organizaciones sociales. La Casa Rosada confirmó el documento pero negó persecuciones.
Política27 de mayo de 2025La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ordenó a fines de enero "identificar y monitorear" a todos los grupos sociales vulnerables y a cualquier actor no estatal que pueda aprovechar la polarización política para ganar influencia. La directiva fue firmada por el director general de Operaciones, Diego Kravetz, y circuló por al menos una decena de despachos oficiales. Así lo reveló La Nación, que verificó la autenticidad del documento con dos fuentes independientes.
La orden instruye a agentes y analistas a recolectar información sobre las “capacidades y motivaciones” de esos actores, su impacto en la estructura política e institucional y su posible alineamiento con intereses extranjeros. El objetivo: producir informes periódicos para la cúpula del espionaje local.
La directiva forma parte del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), desarrollado por la SIDE que lidera Sergio Neiffert, bajo la influencia directa de Santiago Caputo. El documento —de 170 páginas— traza los ejes de la estrategia oficial: incluye la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y el combate al terrorismo, pero también apunta a quienes puedan “manipular la opinión pública”, “erosionar la confianza en funcionarios” o “cuestionar las políticas económicas del Gobierno”.
Sin nombrarlos, el texto deja la puerta abierta al seguimiento de periodistas, economistas, analistas y referentes sociales que expresen posturas críticas.
Una de las novedades es la inclusión explícita de “grupos sociales vulnerables” entre los posibles focos de radicalización. Aunque no se los identifica, la definición podría abarcar movimientos piqueteros, comedores populares o sectores organizados en torno a demandas sociales.
La SIDE también ordenó vigilar a actores estatales y no estatales extranjeros que puedan “influir en el desarrollo político” del país a través de ciberataques, desinformación o financiamiento. Aunque no menciona a ninguna nación en particular en las directivas, el PIN sí señala como aliados estratégicos a Estados Unidos e Israel y excluye explícitamente al Reino Unido por el conflicto de Malvinas.
Tras la publicación, la Oficina del Presidente confirmó la existencia del documento secreto, pero negó que se utilice para perseguir opositores o periodistas. No ofreció precisiones ni desmintió el contenido del plan. Y Javier Milei redobló la apuesta en redes sociales: volvió a acusar al 90% del periodismo de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.
Según fuentes que accedieron al documento, el nuevo plan marca un giro respecto de los elaborados por gobiernos anteriores, con un énfasis marcado en “controlar el relato” y disputar la llamada “batalla cultural”. Una definición que ya no es solo discursiva.
El espionaje ya no se disfraza de seguridad. Se redefine como narrativa. Y los blancos no están en la frontera: están en casa.
La titular del PJ reunió a la conducción partidaria para advertir que separar las elecciones provinciales “le quita fuerza al proyecto nacional”.
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Una directiva secreta firmada en enero por Diego Kravetz pidió monitorear a periodistas, economistas y organizaciones sociales. La Casa Rosada confirmó el documento pero negó persecuciones.