Sección País
Una presentación judicial apunta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por una licitación de $3.900 millones que benefició a Tech Security SRL, empresa que fundó y cedió en diciembre de 2023 a sus hermanos.
“La maniobra fue planificada para simular una desinversión y facilitar un negocio multimillonario con fondos públicos”, sostiene la denuncia penal presentada por el dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa ante la Justicia Federal.
Por qué importa
El caso involucra posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, violación a la ley de Ética Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario. Menem cedió sus acciones de Tech Security a sus hermanos en diciembre de 2023, apenas días antes de asumir como titular de la Cámara baja. La ley establece un “período de sospecha” de dos años para este tipo de desinversiones, que vence recién en diciembre de 2025.
El contrato
La licitación adjudicada por el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, a Tech Security supera los $3.933 millones. La contratación se oficializó el 4 de julio en el Boletín Oficial y abarca servicios de vigilancia en edificios estratégicos de la banca pública: la casa central, el edificio Maipú y la sede en el Aeroparque Jorge Newbery, entre otros. El contrato es por dos años, con posibilidad de prórroga hasta 2029.
Además
La denuncia sostiene que el esquema de contratación viola normas administrativas básicas y beneficia de forma directa a la familia Menem. Se reclama que se cite a los responsables del área de compras del Banco Nación y que, en caso de confirmarse las irregularidades, se inicie un proceso de juicio político contra Martín Menem.
Contrapunto oficial
Desde el Gobierno evitaron pronunciarse sobre el tema. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado días atrás que la empresa “presta servicios al Banco Nación desde hace años” y que la información “forma parte de una manipulación periodística”.
Contexto institucional
La Ley de Ética Pública establece restricciones para los funcionarios que mantengan vínculos con empresas privadas susceptibles de ser contratadas por el Estado. El artículo 15 prohíbe intervenir en decisiones que puedan beneficiar a sociedades en las que el funcionario o sus familiares tengan participación significativa. El artículo 42 de la Ley de Administración Financiera, además, exige procesos de contratación transparentes, que en este caso fueron reemplazados por una adjudicación directa.
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