La presentación judicial advirtió que se busca influir en la opinión pública y desestabilizar al Ejecutivo antes de las elecciones. La denuncia penal recayó en el Juzgado federal N° 12; en paralelo, la Justicia civil ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios.
Política01 de septiembre de 2025
Camilo Cagnacci
“Una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. Con esa definición, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. El escrito, firmado por el abogado Fernando Soto, funcionario del área, y al que este periodista tuvo acceso, sostiene que se trata de una maniobra cuidadosamente planificada para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población”, en un contexto electoral marcado por la disputa bonaerense del 7 de septiembre y las legislativas nacionales de octubre.
Esa denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini. En paralelo, se presentó también una acción en el fuero civil. En ese expediente, el juez Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en la Casa Rosada. La resolución instruyó al ENACOM a garantizar su cumplimiento y aclaró que la restricción no se enmarca en un caso de libertad de expresión, sino en la protección de la privacidad institucional.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión desde su cuenta de X:
El detonante fue la transmisión del canal de streaming Carnaval el 29 de agosto. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de más de cincuenta minutos de grabaciones de la Secretaria General de la Presidencia y difundió dos fragmentos, presentados como “la puntita”. Según el Gobierno, ese esquema —publicaciones fragmentadas, dosificadas hasta la elección— constituye un chantaje con fines de desestabilización política.
La denuncia describe la secuencia como una “operación de inteligencia ilegal” ejecutada por actores externos al sistema formal, con apoyo de medios y operadores. Señala directamente a Pablo Toviggino, propietario de Carnaval y dirigente de la AFA; a Franco Bindi, abogado ligado a ex servicios de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano; y a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial.
El texto destaca que Bindi “dispone de la motivación y la capacidad para ejecutar una operación de influencia indebida” y recuerda sus antecedentes en el “Operativo Puf”, sus vínculos con PDVSA y su cercanía con Evo Morales.
El marco legal invocado es la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que prohíbe expresamente influir en la vida política y en la opinión pública mediante tareas clandestinas. El escrito también establece paralelos con maniobras de injerencia en procesos electorales de otros países, como Rumania, Polonia, Estados Unidos y Francia. “La captación subrepticia de audios, su manipulación y posterior difusión en un contexto político determinado generan una situación de máxima alerta institucional”, advirtió el Ministerio.
En la presentación, el Gobierno reclamó una batería de medidas:
Horas antes de que el Gobierno confirmara su decisión de acudir a la Justicia, Mauro Federico hizo un fuerte descargo en su programa radial Wake Up:
“Van a tener que mirar un poco más. Y tratar de pensar ideas un poco más originales que ir por los medios o por los periodistas que difundimos este material. Que es lo que quieren hacer ahora. Hay un plan para cargar todas las tintas contra los medios que difundimos ese material y, eventualmente, ponernos un bozal. O una suerte de cadena a la posibilidad de seguir dándole difusión a este material. Y ni hablar los que piden directamente que se nos condene por ser traidores a la patria y poner en riesgo la seguridad presidencial. Los únicos que no cuidan al presidente son ustedes, los corruptos que lo rodean”.
En la misma línea, Jorge Rial relató en Radio 10 una situación intimidante: un auto estacionado frente a su casa, “con un tipo” que lo “miraba fijo”. Según contó, los vecinos llamaron a la policía. “Es raro llegar a tu casa y ver un Falcon estacionado en la puerta”, subrayó.
La conclusión de la presentación es categórica: “Permitir que este tipo de maniobras quede sin investigación y sanción equivaldría a convalidar la utilización de prácticas clandestinas y prohibidas para condicionar la vida política del país”.
La causa ANDIS acorrala al Gobierno: Spagnuolo apareció con abogado y la Justicia recibió medio centenar de audios, Pagano volvió a agitar la interna y Milei habló de “opereta” en el Alvear. En paralelo, Corrientes cerró su campaña entre incidentes, Caputo denunció “terrorismo económico”, Massa reapareció contra Scioli y la Rural frenó a Pino.
El triunfo de Valdés en Corrientes consolidó a Provincias Unidas y golpeó a La Libertad Avanza, que quedó cuarta pese al operativo de Karina Milei. Mientras tanto, crecen las tensiones por los audios y el caso ANDIS, en la antesala de la elección bonaerense del 7 de septiembre.
La presentación judicial advirtió que se busca influir en la opinión pública y desestabilizar al Ejecutivo antes de las elecciones. La denuncia penal recayó en el Juzgado federal N° 12; en paralelo, la Justicia civil ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios.