La presentación ingresó a la fiscalía de Guillermo Marijuán y fue enviada a sorteo. Señala a un grupo de directivos por asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de deberes, y cuestiona contratos con firmas tecnológicas por montos millonarios.
Política16 de octubre de 2025
Sección País
Una denuncia penal que apunta a un “entramado de corrupción” en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ingresó a la fiscalía del fiscal federal Guillermo Marijuán y fue remitida a sorteo para definir su radicación. El escrito imputa a funcionarios con cargos jerárquicos —entre ellos Fernando Omar Bearzi, Paula Amor, Gastón Palacios, Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti— por presuntas maniobras que podrían encuadrar en asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), cohecho y corrupción (arts. 256 y 258) e incumplimiento de deberes (art. 248), entre otros.
Según la presentación, desde la Secretaría General —a cargo de Paula Amor— se habrían direccionado licitaciones y contrataciones hacia “empresas amigas” mediante sobreprecios o retornos. Se mencionan, entre otros, convenios con América Virtual S.A. por cifras “exorbitantes” respecto de la gestión anterior (uno de los contratos alcanzaría US$ 9 millones); un paquete de licencias, consultoría y soporte de SAP por US$ 19 millones (con un adelanto cercano al millón); y la contratación del sistema Mainframe de IBM por US$ 44,6 millones —primer pago de US$ 7,756 millones y el resto en cuotas—, con GyL señalado como intermediario para el alquiler de servidores.
El escrito también advierte que Amor habría buscado influir en la Dirección de Sentencias Judiciales —área que gestiona pagos millonarios por retroactivos a jubilados— junto a Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer y hombre de confianza, Gastón Palacios, con el objetivo de colocar a un funcionario propio. Además, se consigna un intento fallido de designar a su exmarido, Julio De Ferrari, en un cargo directivo.
La denuncia identifica a Campo, Mikkelsen Loth, López y Palacios como el “núcleo operativo” de las presuntas maniobras para direccionar licitaciones y evadir controles, “en connivencia con quienes deberían auditarlas”.
Con el expediente ya en el fuero federal, el sorteo definirá qué juzgado instruirá la investigación. Por el momento no hay imputaciones formales ni medidas dispuestas por un magistrado; el contenido de la denuncia deberá ser verificado con prueba. Si se corroboran los hechos, se trataría de uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes recientes dentro del organismo previsional.
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