Marijuan denunció un contrato en Ospif y pidió investigar posibles incompatibilidades del gerente general de la SSS

El fiscal Guillermo Marijuan denunció un contrato en la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (Ospif) y pidió investigar negociaciones incompatibles que involucrarían a Juan Manuel Picón, hoy gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La presentación —con eje en la contratación de la empresa de informática SAAS SAU— recayó en el Juzgado Federal N°5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

Según la denuncia, SAAS SAU fue creada por Picón en agosto de 2021; él fue director y presidente hasta su desembarco en el Estado en marzo de 2024, primero como Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros y desde julio como gerente general de la SSS. Cuatro meses después de su salida de la firma, el 10 de julio de 2024, Ospif —ya intervenida y bajo la órbita de la SSS— contrató a SAAS SAU. Marijuan señaló que el vínculo siguió vigente al menos hasta agosto y pidió determinar si medió una maniobra ilegal.

Desde la Superintendencia rechazaron una incompatibilidad: “El funcionario vendió su participación en la empresa previo a asumir; no mantenía vínculo económico ni interés patrimonial directo o indirecto”, respondieron ante la consulta, aludiendo a los principios de transparencia e imparcialidad. La investigación preliminar del fiscal también relevó que SAAS desarrolla software para obras sociales —gestión de datos, automatización de intercambios e integración del circuito de discapacidad— y que tiene como clientes, entre otros, OSCHOCA, OSTPBA y OSEDA.

De acuerdo con un informe del titular de la SSS, Claudio Stivelman, Ospif fue intervenida el 23 de diciembre de 2023 y estuvo a cargo hasta hace días del abogado Mariano Luis Negro. En total, ocho obras sociales fueron intervenidas durante la actual gestión (seis en 2024 y dos en 2025); en dos casos —fotógrafos y chacinado y afines— las medidas están suspendidas por la Justicia laboral.

En su presentación, Marijuan remarcó los vínculos entre Picón y SAAS SAU y la contratación dispuesta por el interventor para un agente del seguro de salud bajo control del Poder Ejecutivo. Ahora, la Fiscalía deberá decidir si impulsa la investigación y ordena las primeras medidas.