Tras cambiar de abogado, el exdirector de la ANDIS solicitará oír las grabaciones que lo vinculan con presuntas coimas para verificar si es su voz. Su defensa, ahora a cargo de Mauricio D’Alessandro, insiste en que el material “está editado o generado con inteligencia artificial”. La causa la llevan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Política11 de noviembre de 2025
Sección País
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pedirá a la Justicia acceder a los audios que lo involucran en un supuesto circuito de sobornos dentro del organismo, con el objetivo de realizar una verificación de voz. El planteo se presentará una vez levantado el secreto de sumario este viernes, indicaron allegados a la defensa.
La estrategia llega tras el cambio de abogado concretado la semana pasada. Mauricio D’Alessandro —nuevo defensor— reiteró que “los audios son falsos, están editados o hechos por IA y fuera de contexto”, según dijo ante la prensa. Spagnuolo sostiene la misma versión y busca escuchar el material completo antes de definir próximos pasos.
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. Ambos analizan presuntas maniobras de recaudación ilegal en la ANDIS en las que también habría intervenido Daniel Garbellini, exsubdirector del organismo y segundo de Spagnuolo, señalado como posible coordinador de pedidos de coimas a proveedores. El caso se originó en agosto con la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo sobre pagos irregulares de droguerías contratadas por el Estado. En esos audios se mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, quienes no están imputados.
La semana pasada, la defensa de Spagnuolo planteó la nulidad del expediente, pedido que fue rechazado por el fiscal Picardi. El representante del Ministerio Público sostuvo que, por ahora, “los audios no tienen valor probatorio”, pero señaló otros elementos bajo análisis, entre ellos presunta eliminación de datos del celular del exfuncionario y un intento de reactivar su WhatsApp previo a los allanamientos.
Tras el estallido del caso, Spagnuolo fue removido por decreto del presidente Javier Milei. Desde entonces —aseguran en su entorno— no volvió a comunicarse con el Gobierno y retomó su actividad privada como abogado en Pilar, donde llevaba unos 300 expedientes antes de su desembarco en la ANDIS.
En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso una auditoría interna en la agencia y evalúa cambios en su esquema de compras. La definición de la estrategia judicial de Spagnuolo quedará atada a la revisión integral de las grabaciones y a las medidas que adopte el juzgado tras el fin del secreto de sumario.
Luego de trasladarlo por la mañana a Seguridad, la Casa Rosada corregirá el DNU y restituirá el Registro Nacional de las Personas bajo la órbita de Diego Santilli. Migraciones seguirá en Seguridad. Adorni concentró Comunicación y Turismo, Ambiente y Deportes; se esperan más retoques.
El Máximo Tribunal rechazó por “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa y consolidó la pena por administración fraudulenta. Un tribunal deberá resolver ahora si el exministro de Planificación va a la cárcel.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
