La gestión del intendente Federico Achával aplicó un recargo del 2% sobre las compras que afecta a supermercados y comercios de cercanía. El ministro Luis Caputo llamó a no comprar en el distrito, mientras la oposición recuerda denuncias previas por presunta corrupción en la administración local.
Política10 de diciembre de 2025
Sección País
Los vecinos y comerciantes de Pilar atraviesan días de tensión y malestar tras la entrada en vigencia, hace diez días, de una modificación en la Tasa de Derecho Ambiental. La medida, impulsada por el intendente Federico Achával, fija un recargo del 2% sobre el importe neto del IVA en cada compra realizada dentro del partido. La decisión administrativa desató una reacción en cadena que involucra a economistas, cámaras del sector comercial y al propio Gobierno nacional, debido al impacto directo que tiene sobre el bolsillo de los consumidores en un contexto económico delicado.
El rechazo a la normativa fue inmediato y contundente. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), junto a otras entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), enviaron una carta formal al municipio exigiendo la derogación del tributo. En el documento, calificaron la tasa como un "golpe directo" que incrementa los costos, distorsiona los precios y afecta la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Los comerciantes advirtieron que el aumento se traslada automáticamente al consumidor final y criticaron la falta de información clara, consultas previas o estudios técnicos que justifiquen esta carga adicional.
El alcance del "impuestazo", como lo definen los sectores afectados, es amplio. Grava operaciones comerciales y servicios en rubros sensibles como alimentos y bebidas, productos de higiene personal, limpieza, indumentaria, materiales de construcción, electrodomésticos y hasta la carga de combustible en estaciones de servicio. Según las agrupaciones mercantiles, la tasa se aplica de manera automática mediante declaraciones juradas y carece de mecanismos claros de control sobre el destino de los fondos recaudados, lo que podría profundizar la inflación local.
La controversia escaló hasta el gabinete nacional. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cuestionó públicamente la decisión y apuntó contra el jefe comunal. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario instó a los consumidores a evitar el comercio local: "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", escribió, al tiempo que felicitó a los supermercados por exponer la situación. Caputo argumentó que mientras el gobierno de La Libertad Avanza trabaja para bajar impuestos, los intendentes opositores aumentan la presión fiscal, castigando la actividad económica y profundizando la recesión.
El autor de la medida, Federico Achával, es un referente del peronismo en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Llegó a la intendencia en 2019 con el respaldo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, tras vencer al macrista Nicolás Ducoté, y logró su reelección en 2023. Actualmente alineado de forma estratégica con el gobernador Axel Kicillof, a quien aspira a suceder en 2027, Achával enfrenta críticas que exceden la coyuntura tributaria. Su administración ha sido objeto de denuncias judiciales por el manejo de fondos públicos.
En marzo de 2023, la Coalición Cívica de Pilar, encabezada por Matías Yofe y con el apoyo de Elisa Carrió, presentó una denuncia ante el fiscal general de San Isidro por presuntas licitaciones direccionadas y sobreprecios. La presentación, basada en un informe del portal El Disenso, señala un entramado de "proveedores estrella" y posibles maniobras fraudulentas. Entre los implicados figura Héctor Torres, un proveedor que, pese a su reciente alta en la AFIP, se convirtió en un intermediario clave en múltiples rubros. Asimismo, se apunta a Patricio Alejandro Naughton, coordinador de Compras, por adjudicar licitaciones a personas presuntamente vinculadas a su entorno familiar.
A este escenario se suma el debate por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial promovido por el Ejecutivo local. Concejales de la oposición, pertenecientes al PRO y Juntos por el Cambio, alertaron que el proyecto podría habilitar "expropiaciones encubiertas" para nutrir un "banco de tierras" municipal, en sintonía con políticas impulsadas por el Instituto Patria. La concejal Adriana Cáceres advirtió que la normativa permitiría al municipio obligar a los propietarios a usar sus suelos bajo amenaza de multas o expropiación, lo que consideran una vulneración de las garantías de la propiedad privada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezaron el encuentro con los mandatarios de Catamarca y San Juan. El oficialismo busca garantizar el apoyo de cinco diputados clave para la aprobación de la "ley de leyes" y la reforma de la Ley de Glaciares.
El funcionario reemplaza a Alberto Baños. La medida fue anunciada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien destacó un ahorro fiscal de más de 13.500 millones de pesos y el objetivo de "desideologizar" la gestión.
Este martes se realizó la jura de los diputados electos en mayo y se reconfiguró el Parlamento porteño, donde el kirchnerismo se consolidó como primera minoría y La Libertad Avanza pasó a ser la segunda fuerza.
La desarrolladora Argencons, cuyo accionista mayoritario es el reconocido empresario, desembolsó USD 46,5 millones en la subasta que el Gobierno lanzó por el terreno de casi 10.000 m² que la PFA utilizaba como taller y asiento de diversas divisiones.
El argentino más rico, con una fortuna de USD 10.000 millones, confirmó que delegará el cargo de CEO a fin de año, pero continuará enfocado en la empresa por cinco años más. Además, opinó sobre la "injusticia" de las plataformas asiáticas de bajo costo.
La ex subsecretaria de Capital Humano, electa por La Libertad Avanza, creó el bloque "Alianza Libertad Republicana" junto a dos concejales del PRO, alegando "prácticas y modos de conducción" que dificultaban su labor legislativa.
El Ministerio de Economía abre este miércoles la recepción de ofertas por el título de deuda regido por ley local, con el que busca recaudar USD 1.000 millones para cubrir parte de los vencimientos de enero.