La hija del consultor Miguel Calvete deberá presentarse el 19 de diciembre. El juez también citó a otros tres imputados. La medida avanza pese a que la Cámara Federal ordenó profundizar los peritajes sobre las grabaciones que originaron el expediente.
Política11 de diciembre de 2025
Sección País
El juez federal Sebastián Casanello decidió reactivar las medidas de prueba en la causa que investiga presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ordenó una nueva ronda de declaraciones indagatorias. La citación más relevante recae sobre Ornella Calvete, ex funcionaria del organismo e hija de Miguel Calvete, quien es señalado en el expediente como el supuesto nexo comercial entre la gestión estatal y las droguerías proveedoras.
Según el cronograma judicial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, Ornella Calvete deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py el próximo viernes 19 de diciembre a las 12 horas. La ahora imputada se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la agencia, cargo al que renunció en noviembre pasado luego de que el escándalo salpicara a su padre y la presión sobre la gestión de Diego Spagnuolo se hiciera insostenible.
La ronda de indagatorias ordenada por Casanello incluye a otros tres acusados y comenzará un día antes. El jueves 18 de diciembre, a las 11 de la mañana, será el turno de Diego Martín D’Giano, seguido una hora más tarde por Patricia Canavesio. Finalmente, el viernes 19, antes de la declaración de Calvete, se presentará Julio César Viera a las 11.
La validez de la prueba
Estas citaciones se producen en un escenario judicial complejo. A principios de diciembre, la Cámara Federal porteña revocó una resolución anterior de Casanello y le ordenó realizar pericias exhaustivas sobre los audios que dieron inicio a la investigación. El tribunal de alzada busca determinar con certeza el origen y la autenticidad de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.
En ese fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico —con disidencia de Eduardo Farah—, se advirtió que aún no están acreditadas las circunstancias de obtención de esos registros. Las defensas de los imputados, incluidos los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, habían planteado la nulidad de la causa argumentando que los audios podrían ser material de procedencia ilícita, manipulado o incluso generado mediante inteligencia artificial.
Pese a esta controversia técnica que pone en duda la prueba basal del expediente, el magistrado de instrucción decidió avanzar con las indagatorias de la línea de funcionarios y vinculados, poniendo el foco en la estructura administrativa que operó bajo la lupa judicial.
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