El Tribunal Oral Federal 7 finalizó la segunda etapa de la lectura de cargos. La fiscalía describió un "pacto corrupto" entre 19 empresas y funcionarios kirchneristas para el pago de sobornos a cambio de licitaciones. El testimonio clave del financista Ernesto Clarens.
Política11 de diciembre de 2025
Sección País
El Tribunal Oral Federal Número 7 concluyó este jueves la lectura de la segunda parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el desprendimiento de la causa de los cuadernos conocido como “La Camarita”. Con este paso procesal cumplido, el expediente se acerca a la etapa de las cuestiones preliminares. El foco de este tramo de la megacausa estuvo puesto en la cartelización de la obra pública, un mecanismo que, según los fiscales, operó durante más de una década bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad.
Durante la audiencia se repasaron las confesiones de imputados colaboradores clave, como el ex financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, quienes detallaron la existencia de un "pacto corrupto" para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, e integrada por altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López.
El Ministerio Público Fiscal describió una estructura destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias en áreas de obra pública, energía y transporte. El modus operandi consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, que oscilaban usualmente entre el 3% y el 20%, entregados como retornos a cambio de adjudicaciones direccionadas y la liberación de pagos atrasados.
Carlos Wagner, quien fuera presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema se originaba en reuniones donde un grupo de 19 empresas acordaba quién se quedaría con cada licitación y el precio final, que ya incluía la dádiva. Esa información era trasladada al ex secretario de Obras Públicas, José López, quien instruía a Vialidad Nacional para incluir los montos en los listados de pagos mensuales.
En este engranaje, el rol de Ernesto Clarens resultaba fundamental: el financista recibía los pesos de los sobornos, los convertía a dólares pese a las restricciones cambiarias vigentes y entregaba el efectivo a López. En su carácter de arrepentido, Clarens reveló que las constructoras preferían pagar el "peaje" del 3% a su sistema financiero antes que descontar certificados de obra en los bancos, donde las tasas eran más altas y los plazos de cobro inciertos.
El financista describió que el mecanismo atravesó dos etapas diferenciadas. La primera, entre 2004 y 2010, implicaba un retorno del 10% del contrato. Tras la muerte de Néstor Kirchner, el sistema mutó y López concentró el control absoluto, exigiendo el 3% de lo cobrado para gestionar el ingreso a los listados de pago. Pese a que el Estado acumulaba deudas crónicas con las contratistas, el esquema se sostenía porque garantizaba la continuidad en el circuito de obras.
Según la acusación del fiscal Carlos Stornelli, estos acuerdos configuraban una simbiosis delictiva: los empresarios obtenían favores estatales y los funcionarios se enriquecían. El juicio se reanudará el próximo martes 16 a las 13.30, momento en el que se leerán los descargos de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, paso previo a la valoración de la prueba.
El Gobernador bonaerense encabezó el acto junto al ministro Gabriel Katopodis y el intendente Leonardo Boto. La obra demandó una inversión superior a los $3.200 millones para mitigar inundaciones. Hubo duras críticas al endeudamiento nacional.
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