La Secretaría de Trabajo intervino para desactivar las huelgas programadas para Navidad y Año Nuevo. La medida rige por 15 días. En paralelo, EANA denunció penalmente al gremio por poner en riesgo la seguridad operacional.
Economía y negocios22 de diciembre de 2025
Sección País
El Gobierno nacional jugó su última carta administrativa para salvar la conectividad aérea durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto con el gremio de los controladores aéreos, obligando a suspender la serie de paros escalonados que amenazaban con dejar en tierra a miles de pasajeros en el cierre de diciembre.
La medida comenzará a regir formalmente a partir de las 8 de la mañana de este martes 23 de diciembre y tendrá una vigencia de 15 días. El objetivo oficial es "retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto", intimando a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) a "dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual".
La intervención estatal llegó en el momento justo para desactivar un cronograma de huelgas que prometía el caos. El sindicato tenía previsto paralizar los vuelos de cabotaje este martes de 19 a 22, afectar las salidas internacionales el sábado 27 de 14 a 17, y volver a golpear el lunes 29 de 8 a 11, impactando de lleno en el éxodo turístico de fin de año.
Denuncia penal y seguridad en riesgo
La tensión entre las partes, sin embargo, se trasladó a los tribunales. En medio de la disputa salarial, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizó una presentación judicial contra ATEPSA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
La compañía estatal acusó al gremio de haber comprometido la seguridad operacional al colocar cartelería y banderas de protesta en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Según la denuncia de EANA, estos elementos representan un peligro latente: un eventual desprendimiento podría derivar en la "ingesta" de los objetos por las turbinas de los aviones, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Además, argumentaron que las banderas obstaculizan la visión de los operadores en las terminales más concurridas del país. "El derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de vuelo," sostuvieron desde la empresa, marcando un límite legal a la metodología sindical.
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