La Cámara Federal ratificó la acusación contra Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas sufridas por el manifestante. El fallo pide profundizar sobre las autoridades que diseñaron la represión.
Política26 de diciembre de 2025
Sección País
La Justicia dio un paso clave en el esclarecimiento de la represión frente al Congreso y abrió una vía para investigar las responsabilidades políticas del operativo. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este viernes el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas causadas a Pablo Grillo durante la manifestación del pasado 12 de marzo.
La resolución, que ratifica lo dispuesto en primera instancia por la jueza María Servini, sostiene que existen pruebas suficientes para que el agente enfrente un juicio oral. Se acreditó que Guerrero fue el autor del disparo que hirió de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia la multitud, violando los protocolos de actuación vigentes.
La mira en los jefes
El dato más trascendente del fallo, sin embargo, excedió la imputación individual. En su voto, el presidente de la sala, Roberto Boico, reclamó expresamente que la investigación no se agote en el autor material y se profundice sobre las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
El camarista entendió que el cuadro probatorio habilita a revisar la cadena de mandos y las decisiones operativas que permitieron el despliegue represivo, validando un reclamo histórico de los querellantes. El fallo llega apenas días después de que la madre de Pablo Grillo difundiera una carta exigiendo que la Justicia alcance a quienes "diseñaron y habilitaron" el accionar que terminó con su hijo gravemente herido.
El caso Navarro y el prefecto procesado
En la misma resolución, y aunque el foco estuvo puesto en el caso Grillo, la Cámara también confirmó —por mayoría— el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez. Se lo acusa de lesiones gravísimas agravadas en perjuicio de Jonathan Navarro, el manifestante que recibió un disparo de bala de goma en un ojo y perdió el 42% de su visión.
La Justicia dio por probado, gracias a filmaciones y pericias de la PSA, que Martínez fue uno de los tres agentes que portaban el arma Byrna TCR con la munición que causó el daño. Además de confirmar su procesamiento, el tribunal trabó un embargo de 91 millones de pesos sobre sus bienes y ordenó nuevos peritajes balísticos, desestimando la falta de mérito que había propuesto en disidencia el juez Eduardo Farah.
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