Sección País
La Justicia Federal decidió avanzar contra los discursos de odio y clausuró la etapa de instrucción en una causa de alto voltaje político. El juez Daniel Rafecas envió a juicio oral y público a la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT) Vanina Biasi, quien se encuentra procesada por los delitos de “instigación a la violencia y actos discriminatorios” a raíz de una serie de mensajes antisemitas publicados en la red social X (ex Twitter).
Tras el sorteo de rigor, el encargado de llevar adelante el debate oral será el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La decisión de Rafecas, que ya había sido confirmada por la Cámara Federal y la de Casación, busca sentar un precedente para prevenir la propagación de mensajes que puedan incitar a cometer atentados, trazando un paralelismo con los ataques que sufrió la Argentina en 1992 y 1994, o la reciente masacre ocurrida en Australia.
La causa se originó hace cuatro meses tras una denuncia del fiscal Carlos Stornelli. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó entonces el procesamiento de Biasi, al considerar delito que la dirigente hubiera publicado posteos donde comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi, banalizando el Holocausto y fomentando el odio racial y religioso.
La paradoja: repudio al ataque en Sydney
La elevación a juicio coincide con una reciente iniciativa parlamentaria de la propia imputada. La semana pasada, Biasi presentó un proyecto de repudio al atentado antisemita en Sydney, donde 15 personas murieron tras un ataque terrorista durante la celebración de Janucá en la playa Bondi.
En un intento por despegarse de la etiqueta de antisemita, la legisladora expresó en sus redes: "Presenté un proyecto de repudio al atentado judeófobo en Sidney. La violencia y el odio religioso, nacional o étnico es inadmisible: es instrumento del poder capitalista, la guerra y los negocios imperialistas".
Sin embargo, en su descargo mantuvo la retórica de clase, afirmando que "frente a la barbarie, levantamos la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el racismo y toda forma de opresión". Pese a este gesto político, la Justicia entendió que sus declaraciones previas constituyen un delito penal que ahora deberá defender en el banquillo de los acusados.
