Sección País
Con el impulso político tras haber conseguido el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes del brindis de fin de año, el gobierno de Javier Milei ya definió su estrategia para el verano: concentrará todos sus esfuerzos en enero y febrero para sancionar la postergada reforma laboral. Para lograrlo, el Presidente convocará a un segundo período de sesiones extraordinarias en la segunda quincena del mes próximo, dejando en el camino otras iniciativas como el Código Penal para focalizar el debate en el mercado de trabajo.
La hoja de ruta del oficialismo incluye una breve pausa legislativa de dos semanas, tras la cual se reactivará la maquinaria parlamentaria. El objetivo de la Casa Rosada es llevar la discusión al recinto del Senado entre el 26 de enero y el 10 de febrero. Sin embargo, la negociación se anticipa compleja y requerirá de un fino trabajo político para reunir las voluntades necesarias, una tarea que recaerá principalmente sobre el ministro del Interior, Diego Santilli.
Gira federal y negociaciones abiertas
Santilli dedicará la primera mitad de enero a una nueva gira por el interior para conversar "cara a cara" con los gobernadores. El funcionario, que ya tejió vínculos con mandatarios como Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Gerardo Zamora, buscará asegurar los votos en la Cámara alta. Su agenda, no obstante, mantiene excluidos por ahora a los líderes de la oposición dura, como Axel Kicillof y Gildo Insfrán.
Desde el Congreso, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ya avisó que el tratamiento tendrá margen de maniobra. En una entrevista reciente, reconoció que la discusión "no será a libro cerrado" y admitió que "ya hubo cambios y habrá más", siempre con la premisa de sostener una mayoría amplia que evite un traspié en el recinto.
Los puntos claves de la reforma
El proyecto, elaborado por el Consejo de Mayo, apunta a aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar la "industria del juicio". Entre sus puntos más polémicos, propone eliminar la "justicia social" como criterio interpretativo en la Ley de Contrato de Trabajo y otorgar carácter de cosa juzgada a los acuerdos conciliatorios para frenar la litigiosidad.
Además, la iniciativa introduce un sistema de "banco de horas" para compensar horas extras, permite el fraccionamiento de las vacaciones y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir costos indemnizatorios, emulando el modelo de la construcción.
La moneda de cambio judicial
La negociación por la reforma laboral choca con un reclamo insistente de los gobernadores: la cobertura de las vacantes en la Justicia Federal. Según datos del Consejo de la Magistratura, existen 337 lugares disponibles sobre un total de 1.002 jueces, una situación de parálisis que fue criticada recientemente por el propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Pese a la presión de las provincias y del Máximo Tribunal, el Gobierno decidió patear este tema para marzo o abril. La demora obedece a la incertidumbre sobre la continuidad del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a la falta de acuerdo para completar los dos miembros faltantes de la Corte Suprema. Por el momento, la prioridad absoluta de Milei es la economía y la flexibilización laboral, postergando la agenda judicial para el inicio del año ordinario.
