Sección País
Frente a la presión del Gobierno para que acepten los "dólares del colchón" de inmediato, el sistema financiero decidió marcar la cancha. Las cuatro asociaciones bancarias de la Argentina remitieron una nota formal al Banco Central (BCRA) solicitando la urgente conformación de una mesa de trabajo destinada a precisar "criterios interpretativos" sobre la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal.
El pedido, que refleja la inquietud del sector privado, surge ante la percepción de que la nueva normativa introduce cambios sustantivos en el régimen penal tributario —especialmente en la definición de evasión simple y agravada— que chocan con los procesos de control vigentes. El temor central es quedar expuestos a riesgos legales o regulatorios contradictorios por la falta de una reglamentación clara.
Un frente común y el pedido a la UIF
La misiva lleva la firma de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), mostrando un respaldo unánime de las entidades privadas y gran parte de las públicas.
En el texto, consideraron necesario convocar a un espacio interinstitucional integrado por el BCRA, los bancos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, fundamentalmente, la Unidad de Información Financiera (UIF). El foco está puesto en el área de cumplimiento de este último organismo, encargado de la prevención del lavado de activos.
El diagnóstico de los banqueros es técnico pero contundente: si bien la ley busca evitar sanciones penales a los contribuyentes, no clarifica las obligaciones de los bancos frente a la normativa anti-lavado. Según explicaron desde una entidad financiera a Infobae, existe una asimetría peligrosa: la ley "exonera o atenúa responsabilidades penales del contribuyente sin extender un paraguas equivalente para las obligaciones que incumben a las entidades".
La excepción del Banco Nación
Con esta iniciativa, las asociaciones formalizaron su oposición a recibir fondos no declarados sin una cobertura legal que concilie la nueva ley con los deberes de reporte de operaciones sospechosas (ROS). Insisten en que la medida no debe interpretarse como una autorización tácita para el ingreso de dinero sin protocolos claros.
La única excepción a este planteo corporativo fue el Banco Nación, que dejó de integrar ABAPPRA en abril. La entidad oficial se cortó sola y emitió un comunicado propio indicando que ya está lista para recibir depósitos con "la seguridad de la entidad", aclarando incluso que aceptará dólares de "cara chica", alineándose así de manera directa con la voluntad política del ministro Luis Caputo.
