Sección País
Más vale tarde que nunca, aunque en la justicia argentina "tarde" suele significar una década y media. Este 11 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Federal N° 5 dará inicio a uno de los juicios más esperados y postergados de la historia reciente: la causa Sueños Compartidos.
Lo que comienza hoy no es solo un proceso penal contra nombres propios como Sergio y Pablo Schoklender, el exministro Julio De Vido o el exsecretario de Obras Públicas, José López. Es, en rigor, una autopsia institucional a una era donde la discrecionalidad estatal permitió que fondos millonarios destinados a los más pobres terminaran financiando una vida de rockstar para unos pocos intermediarios.
El expediente, que estuvo a punto de colapsar por el paso del tiempo, investiga el manejo de 748 millones de pesos transferidos entre 2008 y 2011 desde el Ministerio de Planificación a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. De ese total, la Justicia estima que al menos 206 millones fueron desviados.
La mecánica, según la acusación del fiscal Diego Velasco, fue un manual de evasión de controles:
El contraste es brutal. Mientras en lugares como Villa Río Bermejito (Chaco) las familias esperaban casas que nunca se terminaron —de 80 prometidas solo se iniciaron 30—, los fondos públicos se metamorfoseaban en bienes de lujo.
La investigación documentó la compra de aviones, vehículos de alta gama, propiedades en barrios cerrados y hasta un colegio privado, todo financiado con el dinero de la Misión Sueños Compartidos. Sergio Schoklender, señalado como el organizador, y su hermano Pablo, como coadministrador, deberán explicar cómo una fundación humanitaria terminó operando como una mesa de dinero.
El juicio llega en un momento particular. Con la gestión de Javier Milei obsesionada con el "rigor fiscal" y la auditoría del Estado, el caso Sueños Compartidos se presenta como el contraejemplo perfecto de la "casta" gestionando sin control.
Sin embargo, el reloj corre. La causa enfrenta la inminencia de la prescripción en septiembre de 2026. Fijar la fecha de inicio fue una decisión de urgencia institucional para evitar que el escándalo termine en la nada.
Mientras los organismos de Derechos Humanos intentan separar la legitimidad histórica de las Madres de las maniobras delictivas de sus apoderados, la sociedad asistirá, vía audiencias virtuales, al desenlace de una estafa que prometió dignidad y devolvió corrupción.
