La funcionaria confirmó 71 detenciones tras los disturbios y aseguró que los atacantes forman parte de un movimiento de extrema izquierda que busca desestabilizar y "atentar" contra el Gobierno.
Política12/02/2026
Sección País
Los graves incidentes registrados el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación han dejado una marca profunda en la crónica política reciente. Lo que comenzó como una manifestación derivó en escenas de violencia extrema cuando un grupo reducido de manifestantes atacó a las fuerzas de seguridad utilizando bombas molotov. En este contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó detalles sobre la investigación en curso y sorprendió al identificar a los responsables como integrantes de una organización internacional con raíces en la extrema izquierda.
En una entrevista otorgada a la señal A24, Monteoliva —quien asumió la titularidad de la cartera tras la salida de Patricia Bullrich hace algunos meses— explicó que el operativo para dar con estos individuos no es improvisado. Según la ministra, las fuerzas de seguridad vienen trabajando desde hace tiempo en el seguimiento de células que buscan realizar acciones directas contra la estabilidad gubernamental.
El punto más relevante de las declaraciones de la ministra fue la vinculación directa de los atacantes con el movimiento ANTIFA. "Son grandes grupos con un nivel de intensidad violenta significativa; por una parte, los que se denominan antisistema, ANTIFA, que son los que tenían las bombas molotov, son los socialistas deliberantes", señaló Monteoliva durante la charla con el periodista Antonio Laje.
La funcionaria describió a estos grupos como facciones que no buscan la protesta convencional, sino el "atentado" contra las instituciones. Según la información oficial, estos sectores se caracterizan por una ideología de extrema izquierda, antifascista y antirracista que, si bien tiene su origen en luchas históricas europeas, ha mutado en organizaciones que operan actualmente en Estados Unidos y otros países bajo una premisa de desestabilización del poder gobernante.
El término ANTIFA tiene una carga histórica considerable: nació en los movimientos que enfrentaron a Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y se fortaleció combatiendo a grupos supremacistas blancos en Europa durante la Guerra Fría. Sin embargo, su fisonomía actual, según informes citados por el Ministerio, se aleja de la política electoral tradicional. Buscan, generalmente, la distribución forzada de la riqueza y el choque directo con las estructuras del Estado.
La ministra de Seguridad fue contundente respecto al resultado de los operativos. Confirmó que, hasta el momento, se han registrado 71 detenciones. De ese total, 27 detenciones se produjeron de manera preventiva en las estaciones terminales de transporte, en momentos en que los manifestantes ingresaban a la zona de conflicto. En estos procedimientos, se hallaron elementos cortopunzantes y se detectó que varios de los demorados contaban con pedidos de captura previos.
Respecto a quienes arrojaron específicamente las bombas molotov, Monteoliva evitó difundir identidades para no entorpecer las causas judiciales, pero aseguró que están plenamente identificados mediante el análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos. “A partir de las imágenes se irán identificando las diferentes tipologías. Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidón de nafta y una molotov está claro que no viene a expresar disconformidad, sino que viene a atentar”, enfatizó.
Además de los grupos de ideología radicalizada, la cartera de Seguridad incluyó en el espectro de la violencia a sectores vinculados a las barrabravas. Según la ministra, estos grupos han comenzado a confluir en las manifestaciones recientes junto a sectores antisistema, aportando una logística de choque que antes se veía con menos frecuencia en protestas civiles.
La investigación ahora se centra en determinar el grado de planificación de estos ataques y si existe financiamiento o coordinación superior. Por lo pronto, el Gobierno ha decidido avanzar con denuncias penales individuales, bajo la premisa de que portar explosivos y combustibles en una marcha constituye un delito que excede cualquier derecho a la libre expresión o al reclamo social.
La gestión de Monteoliva busca así marcar una continuidad en la política de "orden" que caracterizó a la gestión anterior, pero con un enfoque renovado en la inteligencia criminal para desarticular grupos de filiación extremista internacional que, según el diagnóstico oficial, han desembarcado en la escena local para tensionar la calle.
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