Sección País
El debut de Andrea Del Boca en la pantalla de Telefé como la gran estrella de Gran Hermano Edición Dorada prometía ser un relanzamiento mediático de su figura. Sin embargo, el "aislamiento" que impone el formato televisivo le impide conocer una noticia que podría cambiar drásticamente su futuro legal: la fiscal Fabiana León decidió impugnar su absolución y llevar la causa conocida como “Mamá Corazón” ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La movida judicial de la fiscalía representa un duro revés para la actriz, quien en septiembre de 2025 había logrado un respiro cuando el Tribunal Oral Federal Número 7 dictó su absolución en el juicio por defraudación en perjuicio del Estado. Para la fiscalía, aquel fallo fue un error y existen pruebas suficientes para sostener que los fondos públicos fueron desviados de forma irregular a través de una compleja ingeniería financiera que involucró a universidades nacionales y ex funcionarios de alto rango.
La génesis del escándalo se remonta a 2015, cuando la productora de la actriz, A+A Group, recibió la suma de 36 millones de pesos —una cifra astronómica para la época— mediante una contratación directa para producir una telenovela destinada a la Televisión Pública. El mecanismo utilizado fue el de la "triangulación": el Ministerio de Planificación Federal, entonces dirigido por Julio De Vido, derivó los fondos a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que a su vez contrató a la productora de Del Boca.
Este esquema, según la hipótesis de la fiscalía, se utilizó para eludir los controles de la ley de contrataciones del Estado. Lo que agravó el cuadro ante los ojos de la Justicia fue que la novela “Mamá Corazón” jamás llegó a emitirse, quedando el material audiovisual bajo custodia estatal durante años.
En el juicio oral, Fabiana León había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la actriz, al considerarla “partícipe necesaria” del delito de fraude. La fiscal sostiene que Andrea Del Boca no fue una mera contratista, sino un engranaje clave en un sistema diseñado para extraer fondos públicos bajo la fachada de un fomento a la industria audiovisual que nunca se concretó en beneficios para el espectador.
La apelación de la fiscalía no solo alcanza a la protagonista de novelas. El pedido de revisión ante Casación también incluye al ex ministro Julio De Vido y a Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM, junto a otros cuatro involucrados que también habían sido beneficiados con la absolución el año pasado.
Para los investigadores, la responsabilidad de De Vido es central: su firma fue la que autorizó la transferencia de los recursos a una universidad que, en los papeles, no tenía capacidad técnica ni razón de ser para actuar como intermediaria en una producción de ficción. La "traducción" política de esta apelación es clara: la Justicia busca determinar si el fomento a la cultura fue, en realidad, un canal de financiamiento espurio para actores cercanos al poder político de aquel entonces.
Lo insólito de la situación radica en la dinámica del reality show. Al ingresar a la casa de Gran Hermano, Andrea Del Boca aceptó las reglas de desconexión absoluta. No obstante, al tratarse de una novedad procesal en una causa penal de esta magnitud, se abre un debate ético y legal para la producción de Telefé.
Si la Cámara de Casación decide avanzar y revocar la absolución, la actriz podría verse obligada a abandonar el certamen para cumplir con requerimientos judiciales o, en el peor de los casos, enfrentar una condena efectiva que ponga fin a su "Edición Dorada". Por ahora, mientras sus compañeros de casa especulan con nominaciones y estrategias de juego, en los pasillos de Comodoro Py se cocina el capítulo más amargo de su carrera.
El Tribunal Oral 7, al absolverla en primera instancia, había puesto el material de la novela a disposición de la Secretaría de Cultura para evaluar su utilidad. Sin embargo, para la fiscalía, el daño al erario público ya está hecho y la rendición de cuentas debe ser penal. La suerte de la actriz ahora depende de los jueces de la instancia superior, quienes deberán decidir si mantienen el beneficio de la duda o si la "Reina de las Telenovelas" debe pagar por el fracaso de su proyecto más ambicioso.
