Sección País
El Gobierno nacional anunció que apelará la medida cautelar que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, la administración central anticipó que agotará todas las instancias judiciales necesarias para revertir el fallo dictado a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello confirmó que la presentación legal se realizará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. El objetivo oficial consiste en anular la resolución de primera instancia que frenó de manera provisoria los alcances de la Ley de Modernización Laboral.
En el escrito, el organismo estatal defendió la normativa sancionada por el Congreso. "Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la ley, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión", advirtió el Ministerio. A su vez, el Gobierno definió a la legislación como una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.
El comunicado incluyó cuestionamientos directos hacia la cúpula sindical que impulsó el freno judicial. La cartera gubernamental rechazó "los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias".
La respuesta del Poder Ejecutivo surgió tras la decisión del juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar al planteo de la central obrera. El Magistrado ordenó suspender la aplicación de 83 artículos tras evaluar que la implementación inmediata de la normativa podría generar daños graves e irreparables sobre los trabajadores. Las regulaciones inhabilitadas abarcan cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas pautas operativas para las indemnizaciones y modificaciones en la actividad sindical.
El expediente judicial aguarda la presentación formal del recurso de apelación por parte de los abogados del Estado. Una vez ingresado el escrito, el caso pasará a una instancia de revisión en la Cámara de Apelaciones para definir la continuidad o el levantamiento de la medida cautelar.
