La UCR recalculó y pidió el juicio político contra Alberto

El bloque de diputados de la UCR volvió finalmente sobre sus pasos y decidió presentar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, en el marco de la disputa entre Nación y Ciudad por la coparticipación.

Luego de que el presidente anunciara que pagaría con bonos la deuda del Estado nacional con la Ciudad, en cumplimiento parcial del fallo de la Corte Suprema, la bancada presidida por Mario Negri había resuelto no presentar el pedido de juicio político contra Fernández. Pero después de que Horacio Rodríguez Larreta rechazara esa modalidad de pago, el radicalismo decidió alinearse a la postura del jefe de Gobierno porteño.

En ese marco, con la firma de todos sus diputados, la UCR presentó el proyecto de resolución pidiendo que la Cámara baja se convierta en acusadora en el jury de enjuiciamiento contra el jefe de Estado.

En un primer momento, el Gobierno nacional se había negado a acatar la cautelar de la Corte que ordenó que se le devuelva a la Ciudad un 2,95% de la coparticipación por considerar que el fallo era "incumplible", pero ante el escándalo que desató esa decisión Fernández dio marcha atrás y anunció que acataría el fallo a través del pago con bonos de deuda pública.

El proyecto presentado por los legisladores radicales insta en su único artículo a "promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la estrategia del Gobierno nacional es "un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales".

"Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, explican los diputados radicales en el texto.