Alberto Fernández deberá nombrar abogado en la causa "Seguros"
Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini.
La CPM y la APDH enviaron notas al ministro de Seguridad bonaerense, el Congreso y la Legislatura provincial. Reclaman “el cese urgente e inmediato de estas prácticas”.
Política 08 de junio de 2023 Sección PaísLa Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que la Policía Bonaerense espía ilegalmente a organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
Mediante sendas notas dirigidas al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; al Congreso Nacional y a la Legislatura provincial, ambos organismos humanitarios advirtieron que “la Policía Bonaerense realiza acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos”.
“Sin orden judicial ni razón que lo amerite, las y los efectivos toman fotografías o registro audiovisual de las personas que participan de las actividades. Para el desarrollo de estas tareas, llegaron a participar autos y policías de civil, y se emplearon drones”, sostienen las notas.
“En algunos casos, las mismas autoridades policiales reconocieron expresamente el accionar, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad”, añade el texto.
Los organismos remitieron notas de similar tenor a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial.
Allí aseguraron que hubo tareas de seguimiento ilegal “sobre el acto de conmemoración que se realizó en Balcarce por del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sobre la ‘Caravana de la memoria’ convocada por la Mesa de la memoria de La Matanza”.
También, “sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy”.
“La vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional se producen de manera permanente y recurrente”, resume el texto.
“Significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”, amplía el documento.
“La continuidad de estas acciones, más allá de los diferentes gobiernos, las aleja de prácticas individuales para transformarlas en prácticas institucionales avaladas por quienes tienen capacidad de decisión”, subraya.
La CPM y la APDH reclamaron “el cese urgente e inmediato de estas prácticas”.
Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini.
Según la denuncia judicial, no se conoce el destino de esos recursos otorgados desde noviembre de 2019.
El diputado del PRO realizó una demanda penal contra un usuario de Twitter que lo había insultado con descalificativos hacia la comunidad judía.
El vocero presidencial protagonizó otro episodio de molestia ante una consulta sobre las mascotas del líder libertario. "De la vida privada del Presidente no vamos a hablar", dijo.
La medida implica la reducción del 30% del personal de la DNRPA. Además, se anunció la eliminación de la "cédula azul" y la eliminación del vencimiento de las "cédulas verdes", entre otras medidas.
El juez Juan Rafael Stinco hizo lugar a un planteo de la Superintendencia de Servicios de Salud contra un grupo de empresas médicas; se cuestionan los incrementos dispuestos desde diciembre
El fiscal Stornelli impulsó la acción penal a partir de una denuncia contra el dirigente y contra exfuncionarios; está imputada también la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El senador de La Libertad Avanza cuestionó "meter el género en los homicidios". Ya había hecho un "chiste" con una violación.
Incendiaron al menos cinco autos y dejaron una nota en un jardín de infantes de la zona oeste de Rosario.
Los ingresos cayeron 13% interanual en términos reales y al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 19%.