La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que la Policía Bonaerense espía ilegalmente a organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

Mediante sendas notas dirigidas al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; al Congreso Nacional y a la Legislatura provincial, ambos organismos humanitarios advirtieron que “la Policía Bonaerense realiza acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos”.

“Sin orden judicial ni razón que lo amerite, las y los efectivos toman fotografías o registro audiovisual de las personas que participan de las actividades. Para el desarrollo de estas tareas, llegaron a participar autos y policías de civil, y se emplearon drones”, sostienen las notas.

“En algunos casos, las mismas autoridades policiales reconocieron expresamente el accionar, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad”, añade el texto.

Los organismos remitieron notas de similar tenor a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional y a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la legislatura provincial.

Allí aseguraron que hubo tareas de seguimiento ilegal “sobre el acto de conmemoración que se realizó en Balcarce por del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sobre la ‘Caravana de la memoria’ convocada por la Mesa de la memoria de La Matanza”.

También, “sobre una asamblea gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy”.

“La vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional se producen de manera permanente y recurrente”, resume el texto.

“Significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”, amplía el documento.

“La continuidad de estas acciones, más allá de los diferentes gobiernos, las aleja de prácticas individuales para transformarlas en prácticas institucionales avaladas por quienes tienen capacidad de decisión”, subraya.

La CPM y la APDH reclamaron “el cese urgente e inmediato de estas prácticas”.