La decisión fue adoptada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, con la disidencia de Roberto Boico.
Política 15 de febrero de 2024
Sección País
La Cámara Federal porteña desautorizó al juez Sebastián Casanello, quien había exhortado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a que respetara los fundamentos constitucionales y los estándares internacionales en derechos humanos en la aplicación del protocolo antipiquetes.
Por mayoría, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, el tribunal declaró la “nulidad” de una resolución dictada la semana pasada por Casanello, que exhortaba al ministerio de Patricia Bullrich a “adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”.
El fallo cuestiona que Casanello haya tramitado el reclamo de inconstitucionalidad del protocolo, presentado por la legisladora porteña de izquierda Celeste Fierro, como una acción de habeas corpus.
Tras un análisis procesal, los jueces le ordenaron a Casanello que antes que nada resuelva si es competente o no para intervenir en la causa y, en caso afirmativo, que reordene la tramitación bajo parámetros que el propio tribunal le indicó.
El fallo sostiene que Fierro planteó “una medida innovativa característica del derecho procesal” pero “no fue ello lo que se decidió”.
“Lo definido (por Casanello) constituyó emitir desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general, con la única finalidad de realizar ‘exhortaciones’ a otro poder del Estado”, refirieron Irurzun y Farah.
“Lo dispuesto contradice la noción de que ‘no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos’”, replicaron.
En disidencia, el tercer juez de la Cámara, Roberto Boico, avaló lo resuelto por Casanello y consideró que la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad contra su decisión fue “mal concedida”.
“La razón es que no puede sustentarse plausiblemente la existencia de un gravamen, de esos que requieren los recursos, por la emisión de un acto judicial que sólo y exclusivamente ‘exhorta’ a la parte a cumplir con la Constitución Nacional y la ley”, opinó el magistrado disidente.
“Expresamente el Sr. Juez dijo que esa ‘exhortación’ la hace sin que medie declaración de invalidez respecto del acto gubernamental que fue puesto en crisis por los denunciantes”, subrayó Boico.
El vocero presidencial protagonizó otro episodio de molestia ante una consulta sobre las mascotas del líder libertario. "De la vida privada del Presidente no vamos a hablar", dijo.
El fiscal Stornelli impulsó la acción penal a partir de una denuncia contra el dirigente y contra exfuncionarios; está imputada también la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
El país pasó de la ubicación número 40 a la 66 en la estadística elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Óscar Puente acusó al libertario de “ingerir sustancias”. La Oficina del Presidente respondió con un comunicado muy duro en el que involucró directamente al mandatario español. El texto también se mostró a favor de que España "vuelva a elegir vivir en libertad".
Los dos dirigentes "combativos" buscaron enviar un mensaje a senadores y gobernadores del peronismo dialoguista.
Durante una entrevista periodística en la que le consultaron si había militares de esa nacionalidad en la base espacial de Neuquén, la canciller lo negó y lanzó: "Los chinos son todos iguales".
Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en X. También se reducirán los cargos para traer del exterior insumos plásticos.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró que la medida de fuerza del próximo jueves "no tiene ni pies ni cabeza".
"Solucionan rápidamente los problemas de infraestructura más grave", aseguró el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad.
Sugieron controversias por un préstamo millonario y ahora está bajo la lupa judicial.
