Sección País
En la previa al debate en el Senado, el exdiputado Ricardo Alfonsín le envió un mensaje a sus “correligionarios” y les pidió que no dilaten el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica.
“Espero que el partido mañana [por este jueves] no se preste a la maniobra dilatoria dilatoria que en el Senado podría intentar el oficialismo para postergar el tratamiento del DNU. Sería muy malo para el país y para la UCR”
En la Casa Rosada analizan tratar del 10 al 31 de diciembre el Presupuesto 2026 y el proyecto de “presunción de inocencia fiscal”, y dejar para febrero las reformas laboral, tributaria, previsional y penal. Gobernadores mineros piden cambios en la Ley de Glaciares.
La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.
Apunta a graduados universitarios con perfil para investigar crimen organizado. Habrá nueve meses de formación intensiva y egreso con el grado de Subinspector, informó el Ministerio de Seguridad.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
