La Federal hizo un operativo en la casa de la ex titular del FISU por el presunto robo de una moto. "Están cruzando una línea roja", advirtió el jefe del MTE.
Luego de cuatro horas de reunión en Olivos, el Presidente volvió a renovarle la confianza a Pettovello. No sólo por la relación que los une, sino por la capacidad que –según él– la funcionaria tiene para “destapar curros”.
El fiscal Stornelli impulsó la acción penal a partir de una denuncia contra el dirigente y contra exfuncionarios; está imputada también la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Esta gestión no cumplió un trimestre de vida y abrió discusiones de todo tipo. Bienvenidas todas ellas. Pero hay anuncios que no son claros. Hechos que se dan por ciertos y aún no ocurrieron.
En plena crisis del crédito, la entidad pública financió a dirigentes del oficialismo y legisladores aliados durante la gestión de Daniel Tillard. La nómina de deudores salió a la luz mediante una plataforma web especializada.
Según pudo confirmar Sección País, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia, registra un pasivo cercano a los $400 millones con la banca pública. El caso se suma a la lista de beneficiarios que ya integraban alfiles libertarios y legisladores aliados. Frente al escándalo, la oposición exige en el Congreso investigar las condiciones de los desembolsos.
En un dictamen de 46 páginas presentado ante el juez Ercolini, acusó a la exfiscal de provocar un "desastre" en la escena del hecho y de formar parte de un plan para simular un suicidio.
Una investigación basada en documentos de inteligencia rusa filtradas reveló cómo "La Compañía", heredera del Grupo Wagner, financió artículos en más de 20 medios locales y utilizó perfiles falsos creados con IA. La campaña, que costó más de 600.000 dólares, buscó romper la alianza con Ucrania y fomentar divisiones internas durante 2024.
La presentó el abogado Jorge Monastersky, después de que la SIDE confirmara la existencia de la red en un comunicado. Solicitó rastrear los pagos a medios y periodistas, y evaluar posibles delitos bajo la Ley de Inteligencia.