Omar Maturano

La construcción del edificio sobre la avenida del Libertador expuso una red de vínculos entre desarrolladores privados y altos funcionarios. Los detalles sobre la polémica concesión porteña, la administración del fideicomiso y el costo millonario que asumió el Estado por los caños de AySA.

El diputado Esteban Paulón presentó solicitudes ante el BNA y el Banco Central para esclarecer presuntos tratos preferenciales y conflictos de intereses en préstamos a asesores del Ministerio de Economía. También impulsó un proyecto en la Cámara baja.

Según pudo confirmar Sección País, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia, registra un pasivo cercano a los $400 millones con la banca pública. El caso se suma a la lista de beneficiarios que ya integraban alfiles libertarios y legisladores aliados. Frente al escándalo, la oposición exige en el Congreso investigar las condiciones de los desembolsos.

El Registro Integrado de Beneficiarios (RIB) unificará la información que se encontraba fragmentada en diversas áreas del Estado. La plataforma aplicará inteligencia artificial para evitar duplicaciones y transparentar el uso de los recursos.