El Gobierno aceptó que Aerolíneas, Correo y RTA no se privaticen

En los primeros minutos del debate en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, el oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para quitar de las empresas “sujetas a privatización” Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) - que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país-.

El anuncio lo hizo el senador oficialista Bartolomé Abdala, quien tuvo a su cargo la lectura inicial del proyecto.

La privatización de esas empresas era uno de los puntos que generaban mayor rechazo dentro de algunos sectores denominados “dialoguistas” como parte de la UCR, y el oficialismo corría el riesgo de que ese artículo fuera rechazado durante el debate en particular.

“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, dijo en reiteradas oportunidades Javier Milei en su campaña y ya como Presidente.

En la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados habían quedado 11 empresas sujetas a procesos privatizadores. Ahora, son 8 compañías de gestión estatal que aún quedan en la iniciativa.

Por pedido de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR en Diputados, el Gobierno incluyó en el texto que en el proceso de traspaso a manos privadas, intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por diputados y senadores, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) “deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta días hábiles”.

El proyecto que obtuvo media sanción de Diputados prevé que “durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos”. En los casos en que fueran insuficientes, “se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas”.

El texto original proponía la privatización total de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU y otras que podrían ser privatizadas de manera parcial o concesionadas: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Por su parte, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Yacimientos Carboníferos De Río Turbio (YCRT) se deberá “organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

“Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, se argumenta en el texto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.